La Junta de Andalucía creará un sistema de información centralizado de sondeos de agua para garantizar que su abandono «no suponga riesgo alguno para la seguridad ni para la salud de las personas», según anunció ayer el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo.
Bravo, quien expuso en el Parlamento andaluz las líneas directrices de su departamento en materia de minería, destacó que esta actuación pretende evitar sucesos como el registrado recientemente en Totalán, donde falleció el pequeño Julen tras caer a un pozo.
El consejero explicó que, junto a este objetivo de seguridad, el nuevo registro de información centralizado de sondeos también persigue agilizar con un único procedimiento la autorización de las captaciones agua, actualmente dividida entre varios departamentos y que sufre dilatados plazos para su autorización.
Tras el suceso en Totalán el pasado mes de enero, saltó la duda sobre cuántos pozos ilegales albergaba la provincia, una cifra que no se conoce de manera exacta pero que la Junta reconoció a principios de año la existencia de al menos un centenar, aunque señaló que la mayoría son antiguos y que muchos de los que estaban hasta hace unos años abiertos se han cerrado a raíz de las denuncias que periódicamente llegan al Seprona. Sin embargo, los grupos ecologistas consultados entonces indicaron que sólo en la comarca de la Axarquía existen más de 200 agujeros ilegales de características bastante parecidas al que propició la caída de Julen.
Colectivos agrarios como Asaja, COAG o UPA expresaron que no se puede perseguir ahora a un sector que tradicionalmente cumple con la normativa. «No hay pozos modernos realizados ilegalmente porque el pocero se expone a una sanción, de manera que pide las autorizaciones, y el propietario de la finca también puede recibir una multa y no le sale gratis hacer la perforación irregularmente», es lo que apuntó el secretario provincial de COAG, Antonio Rodríguez. También defendió la misma postura el presidente provincial de Asaja, Baldomero Bellido.
