02 de mayo de 2019
02.05.2019
Gobierno de la Junta de Andalucía

Cien días, veintiuna medidas y una amenaza

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cumple este jueves su "periodo de gracia" con la amenaza de inestabilidad de Vox

02.05.2019 | 14:20
Moreno y Marín

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cumple este jueves sus primeros cien días, el "periodo de gracia" que se suele dejar -en teoría- a los nuevos ejecutivos, y lo hace con un primer documento de 21 medidas que ya dan por cumplido pero con la amenaza de Vox de no sentarse a negociar los presupuestos.

Los socios de gobierno llegan a esa primera "meta volante" que ellos mismos fijaron con la advertencia de la formación que lidera Santiago Abascal, ya que aseguran que no se sentarán a negociar los presupuestos del 2019, que deben llegar al Parlamento este mes, si el presidente del PP, Pablo Casado, no rectifica sus palabras en las que calificó a Vox como "extrema derecha".

La amenaza "no es una rabieta", según Vox, y tampoco es baladí, ya que el apoyo de sus doce diputados se antoja imprescindible para que PP y Ciudadanos puedan sacar adelante las cuentas, a tenor del rechazo que se espera por parte del PSOE y Adelante Andalucía.

Sin embargo, en lo que respecta a PP y Ciudadanos, el Gobierno andaluz ha demostrado sintonía en estos tres meses y se ha encargado de trasladar estabilidad y unidad, incluso "encapsulando" procesos tan convulsos como el de las recientes elecciones generales.

Esos comicios han dejado un panorama en el que el PSOE volvió a ganar en Andalucía, con medio millón de votos más que en las autonómicas, y con Ciudadanos por delante del PP por primera vez, aunque desde el Ejecutivo aseguran que no afecta a su labor.

El balance que trasladaron la semana pasada, cuando sumaban 92 días, fue de "cumplimiento", "absoluta lealtad", "un único proyecto", "una fórmula que funciona" y "velocidad de crucero".

PP y Ciudadanos firmaron dos documentos, uno de legislatura con noventa puntos y otro para los cien primeros días, con veintiuna medidas que ya han dado por satisfechas.

Entre esas iniciativas, se ha aprobado la bonificación al 99 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para todos los parientes directos y una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF que tendrá un impacto de 149 millones a partir del 2023.

La rebaja ha sido calificada por la oposición como una bajada de impuestos "para ricos".

También se encargó una auditoría a la Intervención General sobre los entes instrumentales de la Junta, que ha concluido que hay duplicidades de las funciones de estas agencias con las consejerías.

El Gobierno andaluz ha garantizado que no habrá "despidos ideológicos" en esas agencias (donde PP y Cs denunciaban desde la oposición que se contrataba a "enchufados del PSOE") pero estudiará caso a caso para determinar el futuro del ente y de sus empleados.

En cuanto a la supresión de los aforamientos, el pleno del Parlamento debate este jueves la propuesta que impulsa el Ejecutivo andaluz para reformar el Estatuto de Autonomía.

PP y Ciudadanos también se comprometieron a estudiar la renovación de la RTVA, un asunto para el que hicieron su propuesta e incluso dieron un ultimátum, pero que todavía sigue en negociación con el resto de grupos porque la reforma de la que se está hablando se ha extendido a todos los órganos de extracción parlamentaria.

También han aprobado la extensión de la tarifa plana para autónomos e iniciar los trámites para limitar los mandatos a ocho años.

La comisión de la FAFFE para investigar el uso de tarjetas de dinero público en prostíbulos ya está en marcha en el Parlamento, a petición de PP y Ciudadanos, y ha establecido su plan de trabajo.

Además, el Gobierno andaluz ha aprobado impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género, aunque esa medida todavía no se ha desarrollado, y ha tenido que enfrentarse durante estos cien días a las críticas en este ámbito por ambos lados, ya que PSOE y Adelante le acusan de plegarse a Vox y la formación de extrema derecha reclama más contundencia.

En materia de inmigración, el Gobierno ha iniciado los trámites para la elaboración de un plan con el objetivo de mejorar la coordinación con el Gobierno de la nación en políticas migratorias y evitar la "dispersión" de los recursos.

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