El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cumplió este jueves sus primeros cien días con un primer documento de 21 medidas que ya dan por cumplido pero con la amenaza de Vox de no sentarse a negociar los presupuestos si el líder del PP, Pablo Casado, no retira sus palabras en las que calificó a la formación de «extrema derecha». Durante esta semana el PP andaluz ha tratado de marcar distancias con Génova para apaciguar los ánimos, algo que también han hecho desde Cs.
En este contexto, Vox se salió con la suya y ya tiene en su poder los datos de los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en Andalucía. Así lo anunció este jueves por la noche el presidente del partido ultraderechista en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano. En una entrevista en un programa de 7TV, Serrano calificó como «escandaloso y gravísimo» el hecho de que «más del 50%» de los trabajadores que integran los equipos de atención psicosocial y evaluación de la violencia de género en Andalucía «no estén colegiados».
Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, de Cs, rebajó ayer esta cifra a más del 40 % y explicó que Serrano «se confunde» en su denuncia porque «una cosa es no tener la titulación y preparación, y otra es no estar colegiado». «Él, como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en la atención en las unidades de violencia integral de género y los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesarias para desarrollar su trabajo», subrayó Marín.
Fuentes del Gobierno andaluz aclararon que lo que se le había dado a Vox no eran ni nombres, ni DNI ni dato personal alguno, sino simplemente los números totales de médicos, psicólogos, asistentes y cuántos están colegiados o no lo están.
Además, explicaron que Vox registró en el Parlamento una pregunta por escrito que es de obligada respuesta pidiendo los datos de colegiación. Serrano también confirmó tal extremo porque rectificaron su petición inicial en la que hubo un «error de interpretación» y anunció que estudiaba pedir una ampliación de los datos para conocer su distribución por categorías profesionales.
En su opinión, el hecho de que existan trabajadores no colegiados en un ámbito tan delicado como la lucha contra la violencia de género supone que personal «no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica» está prestando este servicio que además es «contratado a empresas externas dedicadas por ejemplo a la peritación inmobiliaria», por lo que defendió la necesidad de corregir esta situación.
Críticas del PSOE
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, tachó ayer de «vergüenza» y «bochornoso» que la Junta de Andalucía haya facilitado a Vox datos que habían demandado sobre los trabajadores, de los equipos de lucha contra la violencia de género, y acusó al Ejecutivo bipartito de PP y Cs de estar «cediendo a todos los chantajes» de la «extrema derecha» para permanecer «un poquito más, diez minutos, un cuarto de hora más» gobernando.
Para la expresidenta socialista de la Junta, detrás de la petición de información sobre los profesionales de violencia de género hay, por un lado, una intención de «amedrentar e intimidar a los profesionales» y, en segundo lugar, «quieren que todos los trabajadores de la Junta que no sean funcionarios sean despedidos».
