El Consejo de Gobierno andaluz ha cuantificado este martes en más de 6.500 millones de euros la inversión en proyectos empresariales que se han frenado o perdido por el "colapso administrativo" generado por el anterior gobierno socialista, y se han dejado de crear unos 92.000 empleos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha explicado que hay 4.367 expedientes de calidad medioambiental sin resolver que afectan a energías renovables, la minería, la industria, las almazaras y la economía circular, entre otros.
Las energías renovables concentran el mayor número de expedientes sin resolver que suponen un freno de unos 2.800 millones en inversiones, y Málaga es la provincia con más bloqueo administrativo, con un 30 % del total de los expedientes.
La consejera ha responsabilizado al anterior gobierno socialista de practicar una "falsa protección medioambiental que producía inseguridad jurídica y una parálisis" de las inversiones, con una media de cuatro años de retraso en las autorizaciones ambientales integradas y con peticiones de segundos informes preceptivos sin necesidad.
Para solventar esta "mala gestión", la consejería va a modificar la ley de gestión integrada de la calidad para simplificar la tramitación de los expedientes.
"No se trata de rebajar el criterio ambiental ni de hacer la normativa más laxa sino de dar más posibilidades a la inversión preservando el medio ambiente", ha aclarado la consejera, quien ha insistido en que muchos proyectos que están paralizados son posibles desde el punto de vista medioambiental.
Como ejemplo ha puesto que el 80 % de las almazaras vería reducidos los plazos de tramitación al requerírseles sólo una calificación ambiental, en lugar de una autorización ambiental unificada, salvo para las que se encuentren ubicadas fuera de un polígono industrial, estén a menos de 500 metros de una zona residencial y ocupen una superficie de más de una hectárea.
Otra muestra de simplificación administrativa es que alrededor de un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por Autorización Ambiental Unificada para pasar a hacerlo mediante una Calificación Ambiental, y las instalaciones beneficiadas serían las de pequeño tamaño ubicadas en naves situadas en un polígono industrial.
Según la consejería, sólo agilizando la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y suponiendo que el resultado fuera la concesión del 50 % de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo.
Crespo ha señalado que las cifras de inversión y empleo las han estimado a la baja y ha precisado que los más de 92.000 empleos que no se han creado los han calculado con la regla de inversión en infraestructuras, que asocia catorce puestos de trabajo por cada millón de inversión más cinco empleos inducidos.
De los 4.367 expedientes pendientes de resolver, 1.763 corresponden a gestión del litoral, 391 al de calidad del aire, 370 al de residuos y 1.843 al de prevención y control ambiental.
En este último ámbito se encuentra, entre otros trámites, la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de diez meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años; o la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se ha tardado 20 meses, de media, en hacerlo.
En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
La Consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal para resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales, y se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.
