El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un informe sobre la modificación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo principal de "facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar, acorde con las características y el proyecto educativo del mismo y adaptado a sus necesidades y preferencias".

Se trata de procurar que "los andaluces puedan llevar a sus hijos al colegio al que les dé la gana, sea público, privado o concertado, donde quieran", ha resumido el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según ha informado, entre las cuestiones que se estudiarán figuran algunos nuevos criterios de baremación de la admisión, como la reformulación de las áreas de influencia, el aumento de los tramos de renta para una mayor progresividad y la posibilidad de incluir en la escolarización a los alumnos que hayan ido al último curso del Primer Ciclo de Infantil en centros autorizados por la Junta de Andalucía.

También se encuentran impulsar la reunificación de hermanos en el mismo centro donde ya esté une uno de ellos y mantener las listas de espera hasta septiembre, entre otros.

Según ha defendido Bendodo, para la elaboración de la futura norma, la Consejería "quiere contar con la comunidad educativa, los sindicatos y todas las partes implicadas, con el fin de que el texto sea fruto del debate y alcance el mayor consenso posible".

Así, durante la consulta pública y sin que exista aún un primer borrador, se celebrarán reuniones con los agentes sociales a través de la mesa sectorial de Educación de la pública y la concertada, así como contactos con las distintas Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ampas), según avanza la Junta.

La Consejería de Educación y Deporte prevé que el nuevo decreto pueda estar en vigor para el proceso de escolarización del curso 2020/21.

"Absolutamente negativo"

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que la propuesta del Gobierno andaluz de eliminar las zonas de escolarización supone la "demolición" de los centros como espacios de integración social y es un subterfugio para promocionar la educación privada.

El dirigente de izquierdas ha considerado en rueda de prensa que la eliminación de las zonas de escolarización de los centros implica el inicio de «la hoja de ruta confesada» del Gobierno de las derechas para "la promoción de la escuela privada por encima de la pública". Se trata -a su juicio- de un plan "absolutamente negativo que debe contar con el rechazo de la comunidad escolar".

Maíllo ha defendido los centros educativos como "espacios de encuentro social" y ha asegurado que en el proceso de debate sobre esta medida Adelante Andalucía apostará por criterios justos para las zonas de escolarización, transparentes y que "no sean subterfugios para la promoción de la educación privada".

Según el portavoz de Adelante Andalucía, "es evidente que al romper los elementos correctivos", que hacen que en un mismo centro se integre alumnado de diferentes barridas, "se rompe el espacio de integración social que son los centros educativos con gentes diferentes y diversas".