Con motivo de la celebración del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que tiene lugar mañana 17 de mayo, el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia ha presentado el primer informe sobre la LGTBIFOBIA en Andalucía, realizado junto a la Federación LGTBI Andalucía Diversidad. Gracias al estudio realizado se han dado a conocer datos como que el 65 por ciento de las víctimas de delitos de odio no denuncian la agresión sufrida. Sólo en Andalucía, el pasado año se registraron 328 incidentes contra este colectivo, de los cuales, el 29 por ciento de los casos la víctima fue agredida fisicamente, seguido de la agresión verbal, con el 27% de ellas.
En el informe presentado se destaca un retroceso en la visibilidad y respeto al colectivo, un aumento de los incidentes motivados por orientación sexual, expresión o identidad de género, “son muchos los casos que llegan a nuestras asociaciones, personas LGBTI que se han visto insultadas, humilladas, acosadas o incluso, agredidas por el simple hecho de existir y ser”, ha destacado durante la presentación el presidente de la Federación Andalucía Diversidad, Antonio Ferre, en la que también ha intervenido Isabel Rodríguez, vocal del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia y quien ha señalado que "desgraciadamente, este período ha sido un poco complejo con muchos casos de LGTBIFOBIA principalmente destacamos el pequeño retroceso que hemos experimentado respecto a nuestra visibilidad y libertad".
Desde enero de 2018 hasta abril de 2019, la homofobia ha sido el principal motivo por el que se llevo a cabo la agresión, concretamente en un 57% de los casos. Seguido de la discriminación múltiple con un 20% y la lesbifobia un 19%.
Respecto a dónde se realizan este tipo de incidentes, la calle es el el lugar más habitual. En un 39 por ciento de los casos las agresiones tuvieron lugar en la vía pública, seguido de los lugares de ocio con un 25 por ciento y los centros de enseñanza con un 15%. "Bajo este dato, hemos estado bastante atentos al resultado de los cuestionarios realizados a los centros educativos, donde los menores reflejan el hecho de que presencian muchos casos de homofobia y transfobia. Es por ello que desde el Observatorio hacemos especial hincapié en la importancia de la educación para paliar este problema", destaca la vocal del Observatorio.
Atendiendo al perfil de la persona que agrede contra el colectivo LGTBI, el 70% de agresiones que tuvo lugar el pasado año fueron realizadas por un hombre que en la mayoría de los casos, es mayor de 30 años (37%) y un 29 por ciento menor de esa edad, aunque también se refleja un alto porcentaje en el que se desconocen los datos de este, exactamente en un 34 por ciento de las agresiones.
El colectivo más afectado por esta realidad es el homosexual, hacia el cual se dirigen el 64 por ciento de las agresiones y por consiguiente, haciendo que el género de las víctimas sea en su 70% hombres, seguidos de hombres o mujeres trans y en tercer lugar, las mujeres con un 12 por ciento.
Miedo a denunciar
A pesar de la evolución en el número de denuncias que este colectivo presenta ante las autoridades policiales, todavía son muchos los que por diversos motivos no la realiza formalmente. Concretamente, en un 65 por ciento de los casos no se procedió a informar a la Policía, frente al 35 por ciento que si lo hizo.
En este aspecto, el estudio refleja la existente dificultad en diferenciar el delito de ocio normalmente motivado por la orientación sexual, identidad o expresión de género, con el delito de agresión. "Sabemos que existen bastantes infradenuncias, la mayoría de ellas debido al miedo, vergüenza, represarias, falta de información e incluso desconocimiento de la ley. A estos, se le suma uno no menos importante, el miedo de las personas extranjeras LGTBI a ser deportadas, por lo que estas víctimas no denuncian", ha señalado Rodríguez.
Actuaciones necesarias para paliar la situación
Frente a la realidad y los datos reflejados en el informe, tanto el Observatorio como la propia Federación Andalucía Diversidad, están de acuerdo en que "tanto la Consejería de Justicia como la de Igualdad y Asuntos Sociales tienen que trabajar conjuntamente para solucionar el problema. Entendemos por lo tanto, que tienen que darse unas competencias interconsejerías sobre este tema", señala Antonio Ferre.
Junto al papel de la Junta, destacan como esencial la formación de los diferentes entes del Estado que intervienen en los procesos. Ya en 2011, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en su cuarto informe sobre España apunta a la necesaria formación obligatoria, tanto inicial como continuada, de los FCSE, así como de Jueces y Fiscales en la lucha contra la discriminación y en la aplicación del principio de igualdad. "La formación es esencial para atender adecuadamente a las víctimas, ya que en ocasiones nos quedamos cortos", explica Rodríguez.
