La Junta de Andalucía regularizará viviendas irregulares por estar en suelo no urbanizable, pero no llevará a cabo una «amnistía general sino que buscará las mejores soluciones dentro de la legalidad». Así lo explicó ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que no detalló el número de casas que se podrán regularizar, destacó que se analizará cada caso y aclaró que el objetivo es buscar soluciones tras varios intentos «que no han resuelto una situación que afecta a unas 300.000 viviendas».

Por ello, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio presentó al Consejo de Gobierno las principales actuaciones que se pondrán en marcha, como una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación. Con este fin, la Junta ampliará el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta fórmula reconoce la situación de ilegalidad de las edificaciones, pero les permite acceder a los servicios básicos y resolver o minimizar problemas ambientales.

Esta declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable.

Además, la Consejería prevé la elaboración de planes especiales autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía para resolver la situación de estas parcelaciones. En paralelo, el Gobierno andaluz potenciará la labor de inspección y sancionadora para evitar que se reproduzcan nuevas actuaciones irregulares.

Los intentos normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad de controlar los procesos de ocupación y parcelación del suelo no urbanizable.

Sin embargo, la respuesta que se daba no era uniforme en todo el territorio andaluz, por lo que se han aprobado diferentes iniciativas a lo largo de los años que no han resuelto el problema y han generado un entramado normativo prolijo, confuso e incompleto, que no ofrece una solución conjunta, según la Junta.

Bendodo informó de que se analizarán las diversas circunstancias de cada territorio para atajar este problema con singularidades distintas, ya que las viviendas de la Axarquía almeriense, las gaditanas de El Palmar o Chiclana o las parcelaciones de Córdoba y Jaén tienen una casuística diferente. Aseguró que la normativa primará el «equilibrio entre el interés general y la preservación del medio ambiente y los derechos que asisten a los propietarios».