El Consejo de Gobierno andaluz acordó ayer la renovación, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía para las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias andaluzas cuya elaboración acumulaba «nueve años de retraso», y que persiguen «minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales que generan estas situaciones».

Así lo anunciaron el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno. Ambos consejeros llamaron la atención acerca de que, a pesar de que estos planes de actuación son un mandato legal recogido en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

En el caso de la Cuenca Mediterránea, el plan especial de sequía que está vigente fue aprobado el día 18 de marzo de 2009.

La titular de Desarrollo Sostenible concretó que la intención del Ejecutivo andaluz es acometer una serie de estudios y actuaciones que permitan reducir la incidencia de las sequías sobre los diferentes usos del agua en las cuencas, que, en el caso de las que competen a la Junta -las del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate, así como de las cuencas Mediterráneas Andaluzas-, están en situación de «normalidad» porque se encuentran «por encima del 60% de media» de capacidad.

El objetivo es optimizar los recursos disponibles antes y durante los estados de sequía, según abundó Crespo, quien detalló que se elaborarán planes específicos para las demarcaciones hidrográficas que competen a la Junta de Andalucía.

Crespo advirtió de que Andalucía cuenta con dos zonas «muy complicadas»; en concreto, la zona norte y de la Axarquía de Málaga y la provincia de Almería en su conjunto. Al hilo, explicó que la Junta está actuando en Nerja «con fondos europeos y viendo la posibilidad en el río Chíllar», y también está «estudiando la situación de emergencia que se puede producir en el Almanzora», en la provincia almeriense, «sobre todo en materia de abastecimiento, pero también en regadío e industria para municipios que dependen del Negratín-Almanzora».

Finalmente, Crespo recordó que la Junta viene trabajando en un nuevo modelo de gestión del agua, que tendrá su máximo exponente en el Pacto Andaluz por el Agua.

La Junta, además de los planes de sequía, va a impulsar la construcción o ampliación de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) y sacará a licitación más de 150 millones en 2019 para actuaciones en depuración de aguas en Andalucía.

Una de las principales actuaciones acordadas en el Consejo de Gobierno es la autorización de las obras de ampliación de la EDAR Oeste-Los Vados, que triplicará su capacidad, y supone una inversión de 30,2 millones, que beneficiará a 287.000 habitantes de la provincia de Granada, anunció la consejera en rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo andaluz.

Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de tratamiento de aguas en esta instalación de los 24.000 metros cúbicos diarios actuales a los 72.000 que se consideran necesarios para dar servicio a los municipios incluidos en la Aglomeración Granada-Los Vados asociada a la EDAR Oeste-Los Vados.