18 de junio de 2019
18.06.2019
Puertos

La incertidumbre amarra en 13 puertos andaluces

La Junta advierte de los perjuicios económicos y de empleo por la indefinición de la duración de las concesiones

18.06.2019 | 05:00
Puerto deportivo El Candado.

En la lista están los puertos de Benalmádena, Estepona, Marbella,Puerto Banús, La Duquesa, Fuengirola y El Candado

La Consejería de Fomento ha advertido de los perjuicios económicos y de empleo debido a la incertidumbre por la indefinición de la duración de las concesiones en trece instalaciones portuarias de la comunidad –diez puertos deportivos y tres clubes náuticos–. Así se pone de manifiesto en un informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en el que avisa de que esta situación afecta gravemente al sector porque impide realizar previsiones a corto y largo plazo, ya que la finalización de estas concesiones «podría acarrear la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos y la paralización económica por la pérdida de actividad». A ello se suma que la APPA debería asumir la gestión directa mientras se tramitan las nuevas concesiones, «para lo que no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes», sumado a los perjuicios económicos ante posibles reclamaciones de las concesionarias y de terceros por el uso de atraques o inmuebles con contratos en vigor, expone el informe, del que tuvo ayer conocimiento el Consejo de Gobierno, que asegura que trabaja en su normalización. Estas instalaciones náutico-deportivas son Aguadulce, Almerimar y Club Náutico San José, en Almería; Sotogrande, en Cádiz; Marina del Mediterráneo Este, en Granada; y Benalmádena, Estepona, Marbella, Marina Mediterráneo Duquesa, Fuengirola (dos), Puerto Banús y Club El Candado, en Málaga.

En total, generan más de 500 empleos directos y gestionan más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunos casos, hasta apartamentos. El origen reside en que las instalaciones portuarias se asientan sobre suelo estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones sobre su aplicación. El informe hace un repaso de esta normativa y recuerda que la Ley de Costas de 1988 establecía un límite máximo de 30 años para las concesiones, el cual se amplió en 2013 a 75 años. Un año después, el reglamento de la norma estableció que las licencias otorgadas antes de la Ley de Costas tenían un plazo máximo de 30 años desde su entrada en vigor, aunque permitiendo prórrogas conforme a la normativa de Puertos del Estado. Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –la última de enero de 2019–, el Estado no se ha pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se ha resuelto en otras comunidades mediante una regulación normativa propia, no así en Andalucía. La Administración autonómica no había abordado hasta el momento este problema y sólo en verano de 2018, en el Parlamento, se presentó una proposición de ley basada en respetar el plazo previsto en cada concesión. La tramitación de esta proposición de ley caducó al finalizar la legislatura y, además, reunía problemas de fondo como la oposición expresa del Estado, un informe jurídico de la Junta en contra por no aplicar ni la Ley de Costas ni la de Puertos; o la falta de encaje legal del modelo planteado –similar al adoptado por Canarias– y que tras la interpretación realizada por Estado vía Comisión Bilateral dejaba fuera a concesiones como la de Puerto Banús.

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