La Junta de Andalucía prevé eliminar o reducir este año un 25% de los 872 procedimientos administrativos que ya ha evaluado, según señaló el consejero de Economía, Rogelio Velasco. El consejero informó al Gobierno de los avances del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, que lleva identificados 1.838 procedimientos administrativos vigentes en la comunidad autónoma para desarrollar una actividad económica, de los que al menos 872 se están revisando exhaustivamente.
Estimó que un 25 por ciento de estos procedimientos desaparecerán o sufrirán una drástica simplificación antes de final de año, mientras que el 75 por ciento restante se pretenden agilizar, a ser posible, con una acción virtual. Velasco destacó que la actividad empresarial se ve perjudicada y es más costosa en Andalucía por esta «maraña» administrativa y abogó por una Administración autonómica «más ágil y más productiva», que «le haga la vida más fácil a las empresas y a los ciudadanos». «Atraer a una empresa a nuestro territorio es una heroicidad; no se trata de apostar por un Estado mínimo, sino por un Estado ágil».
Tras recordar que los indicadores internacionales sitúan a España en posiciones desfavorables en cuanto a la facilidad de la actividad empresarial, el consejero alertó de que «el problema no es que haya muchísimos» condicionantes burocráticos, «sino que van aumentando», y citó, como ejemplo, que las normas aprobadas por los 16 landers alemanes en un año ocupan 5.000 paginas, y las de las 17 comunidades autónomas españolas un millón de páginas. Velasco también destacó que en Andalucía se necesitan siete trámites y 168 días para que una pyme con requisitos medioambientales logre su primera licencia.
«Queremos que Andalucía sea la tierra más atractiva de España para llevar a cabo una actividad económica y va a ser la primera comunidad autónoma que va a llevar a cabo una revisión de todos sus procedimientos administrativos», enfatizó.
El Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía exigirá al legislador que valore a priori el efecto de una nueva norma en cuanto a posibles barreras administrativas y se basa en la confianza de que los empresarios cumplan con los requisitos para iniciar su negocio.
La administración ejercerá el control de la actividad, sin retrasar ni paralizar actuaciones empresariales con las autorizaciones previas. El grupo de expertos para la elaboración de este Plan, que se prevé finalice sus trabajos en mayo del 2020, trabaja en cuatro comisiones dirigidas a la reducción y eliminación de trabas, la simplificación de la regulación económica en el medio rural, la elaboración de reformas para atraer inversiones productivas y la eficiencia en la Administración regional.
No habrá «despidos masivos»
Por otra parte, el consejero de la Presidencia y Administración Pública, Elías Bendodo, aseguró ayer que la intención el Gobierno andaluz es «racionalizar» el sector instrumental de la Junta y «no acometerá despidos masivos» en los servicios públicos esenciales.
Bendodo informó así en el Parlamento de las previsiones de despidos a trabajadores de las Agencias Instrumentales, a petición del PSOE, formación que le acusa de querer despedir a 9.000 empleados públicos. Aunque sin «despidos masivos», el sector público «tiene margen de mejora», dijo.
