02 de julio de 2019
02.07.2019

Andalucía aprueba limitar a dos los mandatos del presidente de la Junta y sus consejeros

El Consejo de Gobierno andaluz da luz verde a la tramitación del proyecto de ley para que sus responsables políticos no puedan estar más de ocho años en el cargo, y que se aplicará a partir de la próxima legislatura, por lo que no afectará al actual ejecutivo de PP y Cs

02.07.2019 | 13:57
Elías Bendodo y Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su sesión para este martes iniciar la tramitación del anteproyecto de ley para la limitación de mandatos del presidente y los consejeros del Ejecutivo andaluz. Así lo han anunciado el  vicepresidente Juan Marín y el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, tras la reunión celebrada en la mañana de este martes en Sevilla.

La limitación se mandatos es uno de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno por PP y Cs. Se llevará a cabo mediante un anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuyo inicio de tramitación ya se ha aprobado.

Si sale adelante, a partir de ahora quien presida la Junta de Andalucía y sus consejeros no podrán permanecer durante más de ocho años (dos mandatos) en el cargo.

Esta limitación de mandatos a ocho años en el Gobierno andaluz se aplicará a partir de la próxima legislatura, por lo que no afectará al actual ejecutivo de PP y Ciudadanos, ya que la previsión es que la modificación de la ley -cuyo anteproyecto se ha aprobado este martes- termine su tramitación a final de 2020.

El vicepresidente andaluz y también consejero de Regeneración Democrática, Juan Marín (Cs), ha señalado en la misma rueda de prensa que esta medida persigue favorecer la alternancia en los gobiernos y revitalizar las instituciones.

El anteproyecto de ley supondrá la modificación del artículo 4 de la ley de Gobierno de la Comunidad, para que incluya la inelegibilidad del presidente tras ocho años de mandato, y del artículo 22 para que un vicepresidente o consejero no pueda repetir tampoco tras esos años, salvo que pasen 4 años sin esa actividad.

Además, se añadirá una disposición transitoria única para que la vigencia sea desde la próxima legislatura, algo que Marín ha recordado que propuso el PSOE y que han considerado oportuno.

El hecho de que la limitación se aplique a partir de la próxima legislatura conlleva que el actual gobierno sí podría estar hasta 12 años en sus cargos y que, por ejemplo, la líder socialista, Susana Díaz, que ya fue presidenta 5 años, pudiera estar otros ocho.

Un consejero sí podría presentarse después para ser presidente de la Junta de Andalucía, según esta modificación.

El plazo de tramitación en el Parlamento, según las previsiones del Ejecutivo andaluz, no bajará de los 16 o 18 meses, por lo que se pretende que se apruebe en la Cámara a finales de 2020.

Marín ha defendido que es "un gran paso adelante a la hora de luchar por la regeneración democrática" de las instituciones y ha recordado que forma parte del pacto cerrado entre PP y Ciudadanos.

Ha explicado que con esta medida se pretende acabar "de una vez por todas" con una situación que provocaba que en alguna ocasión se "eternizaran" gobiernos y personas y que no hubiera alternancia.

El vicepresidente ha insistido en que tiene vocación de unanimidad aunque "otra cosa" es que la puedan conseguir. "Quien se presente en las próximas elecciones tendrá claro que sólo podrá ser presidente de la Junta como máximo 8 años", ha subrayado Marín.

Ha garantizado que no hace falta ninguna reforma del Estatuto de Autonomía, sino la tramitación normal de cualquier anteproyecto de ley, según todos los informes que tiene la Junta.

Por su parte, Elías Bendodo (PP), ha defendido que esta medida demuestra que cumplen lo que prometieron y que se mantiene la "hoja de ruta clara" con el pacto de gobierno firmado en enero entre ambos partidos.





El Gobierno andaluz entiende que esta iniciativa y la alternancia política garantizan la regeneración democrática, "revitalizan" las instituciones públicas y pueden contribuir a evitar "riesgos ligados a posibles casos de corrupción".

Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas de regeneración democrática entre las que el Ejecutivo incluye impulsar la supresión de los aforamientos o un estatuto del denunciante del fraude y la corrupción en la comunidad.

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