25 de octubre de 2019
25.10.2019
La Opinión de Málaga
Sesión de control

Juanma Moreno destaca el aumento de 1.820 millones para los servicios públicos

El presidente de la Junta asegura que el nuevo presupuesto, en materia sanitaria, aumentará el gasto por habitante de los 1.168 euros a los 1.316 de 2020 y resalta que el nuevo Gobierno andaluz ha contratado a 4.603 sanitarios más en relación a 2018

25.10.2019 | 09:47
Moreno muestra los correos sobre los datos de vacunas inflados.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, hizo repaso de sus diez meses al frente del Gobierno andaluz, tras convertirse en jefe del Ejecutivo regional tras las elecciones del 2D con los apoyos de Cs y Vox, desbancando al PSOE tras más de tres décadas al frente de la comunidad. Moreno aseguró que una de las prioridades de su Gobierno es mejorar los servicios públicos, lo que, según dijo, se puso de manifiesto en el debate de presupuestos para 2020 de ayer, unas cuentas que sitúan el gasto en el 58,7%. Las nuevas cuentas, aseguró, vuelven a crecer y, junto con las de este ejercicio, «son las más sociales de la historia».

«Frente a los recortes de gobiernos anteriores, hemos aumentado la inversión en sanidad, educación y dependencia a 1.820 millones de euros». Así, explicó que en sólo diez meses se han destinado 127 millones de euros más a dependencia (+10,7%), 479 millones más para educación (+7,6%) y 1.214 más para sanidad (+12,3%).

En esta última materia, el presidente andaluz dijo que en el nuevo presupuesto aumentará el gasto por habitante, de los 1.168 euros del anterior Gobierno a los 1.316 euros para 2020. Asimismo, hizo hincapié en que la cobertura de vacantes en sanidad se ha duplicado respecto a las cifras del último Ejecutivo socialista, pasando del 14% al 28% actual. Al hilo de esto último, recordó que el nuevo Gobierno autonómico ha contratado a 4.603 profesionales sanitarios más en relación a 2018.

Contra la despoblación


En otro orden de cosas, Moreno se refirió al problema de la despoblación y al desarrollo de los municipios rurales de Andalucía, una cuestión que calificó como una de las grandes preocupaciones de su mandato. Según destacó, desde 2000 el 54% de los municipios autonómicos ha perdido población, una situación que afecta a todas las regiones, «un problema de Estado». En julio pasado, el Consejo de Gobierno, recordó, acordó la Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía y, posteriormente, constituyó el Comité Coordinador de la Estrategia para comenzar a trabajar en ello.

En este sentido, Moreno explicó que esta estrategia responderá a las previsiones de envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y a la despoblación de municipios y comarcas, apostará por la transversalidad de actuaciones y tratará de recoger las aportaciones de actividades, investigadores universitarios, asociaciones, colectivos, instituciones u otros órganos que puedan aportar recomendaciones e iniciativas, e incluso del grupo de trabajo creado en el Parlamento regional por todos los grupos. «La futura estrategia será nuestra hoja de ruta frente a la despoblación y para contribuir al desarrollo de nuestros municipios», agregó.

El también presidente del PP andaluz incidió en el apoyo del Gobierno andaluz a los ayuntamientos andaluces, con un crecimiento acumulado del 4% en la Patrica en los años 19 y 20 de este siglo, hasta los 500 millones de euros y con el fomento del empleo agrario para mejorar las infraestructuras básicas de los pueblos, aumentando el presupuesto un 2,5% más en 2020, hasta los 56 millones.

Incluso, destacó la apuesta firme por los servicios públicos con nuevas infraestructuras sanitarias, educativas o sociales que cubran todo el territorio y el apoyo a infraestructuras de telecomunicación destinando 17 millones al Plan de Fomento de la Economía Digital, que incluye favorecer las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas poblaciones.

También destacó su política de vivienda, que pasa por dar facilidades a las personas en el entorno actuando en las 300.000 viviendas irregulares o con la Nueva Ley del Suelo, que significará que un PGOU pase de aprobarse en ocho o nueve años a tres.

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