La Junta de Andalucía tiene previsto eliminar el próximo año más del 40% de los 278 entes instrumentales en los que hay casi 30.000 personas trabajando y que cuestan 1.200 millones de euros, según anunció ayer el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos).

«Nos hemos encontrado con un caos a la hora de tratar de poner orden a estos entes instrumentales», algunos de ellos «fantasmas» porque no tenían presupuesto, personal ni funciones, como la Fundación Mediara o la Fundación Guadalquivir. «Son chiringuitos», aseguró Marín.

Entre las entidades que se van a suprimir hay dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles, explicó Marín en una comparecencia en el pleno del Parlamento para informar, a petición del PSOE, sobre la previsiones del Gobierno sobre la situación laboral de los trabajadores de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

De los 278 entes que dependen de la Junta, 95 son del sector público y 183 están participados por la Administración, y la previsión es extinguir 109 que no tienen actividad o nunca la han tenido, según el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

La Junta pretende dejar al final del próximo año 169 entes con el objetivo de lograr «un sector público instrumental eficaz, eficiente y sostenible»,precisó el vicepresidente antes de subrayar que modificarán el sistema de acceso del personal, que era una «aventura imposible» durante los gobiernos del PSOE, para que se pueda hacer por internet y en un solo portal público.

El diputado del PSOE Carmelo Gómez acusó al Gobierno andaluz del PP y Cs de ofrecer datos diferentes del sector público en función del foro y del portavoz, y reprochó que la idea final es privatizar servicios y despedir a 9.000 trabajadores, lo que negó Marín antes de pedirle que «no siga metiendo el miedo en el cuerpo» a los empleados públicos.

Dentro del «caos» que se ha encontrado el Gobierno, el vicepresidente explicó que en el sector público hay 31 sistemas de gestión diferentes, 38 sistemas económicos-financieros, plantillas con problemas de dimensionamiento, retribuciones dispares a igual categoría entre distintas entidades e incluso en la misma entidad.

También se han encontrado 37 expedientes de conflictos laborales planteados en el Sercla en 2018, hasta 4.000 personas en situación de temporalidad y con resoluciones judiciales casi siempre en contra de la Junta que han costado 80,13 millones euros en indemnizaciones a personal que finalmente ha sido readmitido.

El diputado socialista lamentó que el Gobierno andaluz «pone el foco» en los trabajadores de un sector que incluye la investigación médica, emergencias sanitarias, que atiende a los colectivos más vulnerables, de servicios sociales, a Canal Sur, el Infoca, a instituciones culturales o la gestión agraria.

Para la estrategia de «difamación» sobre este sector, Gómez aseguró que la Junta se apoya en la «caverna mediática» y usa perfiles falsos en las redes sociales, algunos de jóvenes de Nuevas Generaciones que no son andaluces.

Tras reprochar al PSOE que no hizo nada para ordenar este sector a pesar de que lo pidieron varias veces en la anterior legislatura, Marín dijo que ha mantenido reuniones con cada una de las consejerías para hacer un seguimiento de los entes en proceso de disolución e identificar aquellas que no tuvieran actividad o que su presencia en la Administración no estuviera justificada.

También han hecho un análisis del resto de entidades para valorar si debían mantenerse como estaban o era necesario la adopción de alguna medida de integración, modificación o cambio de naturaleza jurídica.

El consejero de Regeneración también expuso que se ultima un estudio exhaustivo sobre las plantillas de personal para obtener un inventario de puestos de trabajo global, para lo que se ha elaborado una clasificación de perfiles y áreas de actividad.

Además, se ha llevado a cabo un análisis funcional de las plantillas para identificar necesidades de las personas usuarias, carteras de servicios y cuál es la estructura de recursos humanos para atenderlas, y se cuenta con el Plan de Auditorías recogido en los Presupuestos para 2019, dotado con tres millones de euros.