El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó la pieza política de los ERE, ha notificado este viernes un auto en el que decide mantener en libertad a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Los cuatro están condenados a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política de los ERE, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular del PP-A que solicitaba su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.
En el auto, la Audiencia asegura que ninguno de los criterios esgrimidos para valorar el riesgo de fuga "indicaría en este caso un riesgo objetivo más allá de la posibilidad, siempre existente, de que una persona decida no comparecer ante la Justicia" y recuerda que los acusados "tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario".
En la misma línea, subraya que los cuatro acusados "han comparecido a los llamamientos judiciales cada vez que han sido citados, la última vez, para la comparecencia celebrada" este pasado jueves "sin que aparezca ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia".
El auto mantiene las medidas cautelares impuestas a Guerrero y Fernández y acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte. Además, la Audiencia impone a Viera y Márquez la designación de domicilio en el que puedan ser localizados, debiendo comunicar inmediatamente cualquier cambio del mismo; la obligación 'apud acta' de comparecer ante el tribunal el primer lunes de cada mes y cada vez que les llame este órgano judicial o por el que conozca de la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio español, debiendo hacer entrega del pasaporte. También se acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte.
Esta decisión judicial se produce después de que las defensas de estos cuatro exaltos cargos de la Junta rechazasen en una vista celebrada este jueves la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción al no apreciar riesgo de fuga, "ya que durante todos estos años de instrucción han colaborado con la justicia y además cuentan con arraigo familiar y carecen de medios económicos para darse a la fuga", ya que "cobran entre 400 y 700 euros mensuales, al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles".
Guerrero además ya está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.
