Las denuncias por la existencia de pozos ilegales en Andalucía han crecido un 360 % al pasar de 125 en 2018 a 575 el pasado año y los expedientes sancionadores por parte de la Junta se han incrementado un 66,4% (107 en el ejercicio de 2018 y 178 en 2019).
Fuentes del Gobierno autonómico han informado a Efe de que el número de solicitudes presentadas ante la Junta para efectuar sondeos y pozos en la comunidad ha aumentado un 20% (de 4.058 a 4.871) según los datos registrados en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que es el departamento que tiene competencias en esta materia.
Los trabajos para ejecutar sondeos y pozos requieren de una serie de requisitos tales como la presentación de un proyecto, la autorización previa del mismo por parte de la autoridad minera y la realización de los trabajos bajo supervisión, han indicado las fuentes.
Este aumento de denuncias y expedientes sancionadores se ha registrado al cierre del ejercicio de 2019 a punto de cumplirse un año del suceso en el que Julen, de dos años, cayó a un profundo y estrecho pozo en la localidad de Totalán, donde quedó atrapado y falleció y cuyas difíciles tareas de rescate tuvieron una gran repercusión a nivel nacional e internacional.
La vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre pozos corresponde a la autoridad minera provincial, adscrita en la actualidad a las delegaciones del Gobierno de la Junta.
