La Junta de Andalucía aprobó ayer en el Consejo de Gobierno un aumento del 15 por ciento del precio plaza en las escuelas infantiles, que tendrá vigencia a partir del próximo curso, y que no supondrá coste para las familias, ya que la administración cubrirá toda la subida con bonificaciones.

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, explicó en rueda de prensa que se van a destinar 15 millones a esta actualización del precio -40 millones en 2021- y defendió que era una reivindicación histórica del sector tras «el auténtico calvario» con doce años de congelación de las cuantías.

El precio plaza pasará, a partir del próximo curso, de los 278,88 euros actuales a 320,71 euros para todas las escuelas infantiles públicas y las «adheridas», un incremento que asumirá la Junta «en el cien por cien de los casos».

La Consejería ha ajustado la progresividad de las bonificaciones que se otorgan, que se mantienen en diez tramos, con la finalidad de que las familias no asuman el aumento del precio-plaza, por lo que irán desde el 13,04 % al 82,61 %.

La Junta ha ofertado para este curso 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el curso pasado, mientras que la red de escuelas públicas y de centros adheridos al programa está integrada por 2.024 centros.

Imbroda aseguró que las escuelas infantiles eran una prioridad desde que llegaron al Gobierno, ya que el sector llevaba «doce años de espera» y el Ejecutivo autonómico quería «dignificar» el trabajo de los educadores y apoyar a las familias.

Asimismo, defendió que no sólo es una apuesta asistencial, sino también educativa, ya que la Consejería trabajará en transmitir a la sociedad «la conveniencia» del componente educativo para los niños entre 0 y 3 años, por lo que espera que aumente el número de niños inscritos en las escuelas infantiles. «No incide ni un céntimo de euro en las familias, lo va a cubrir con la bonificación la Junta», insistió Imbroda.

La gratuidad del servicio, con un máximo por plaza de 3.527,81 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos; a familias en dificultad social cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM o del 0,75 en caso de familias monoparentales; o cuando haya circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor.