15 de marzo de 2020
15.03.2020
Entrevista

"Siempre puede haber picaresca, pero no creo que se vaya a abusar de los ERTE con el coronavirus"

Rocío Blanco es consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía

15.03.2020 | 05:00
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en la sede de La Opinión de Málaga.

En corto

  • En la Seguridad Social hizo mucho para combatir la economía sumergida, ¿qué pueden hacer desde la Junta? Luché contra la figura del falso autónomo y se consiguió regularizar a muchos en colaboración con la Inspección de Trabajo, que depende del Ministerio. La Junta tiene una relación muy directa con la Inspección y hay medidas que están teniendo sus efectos. En 2019 se ha conseguido pasar a tiempo completo un total de 11.600 contratos que estaban a tiempo parcial, y también se han transformado en fijos 48.000 contratos temporales. Quiero pedir al Gobierno una mayor dotación de la Inspección, es el brazo más potente de lucha contra la precariedad y la siniestralidad.
  • El futuro de las pensiones también está sobre la mesa. Ahora mismo la sostenibilidad no se discute, el problema vendrá cuando se jubile la generación del baby boom. Las previsiones del Gobierno en cuanto a crecimiento demográfico quizá sean demasiado optimistas. Pienso que todos los partidos deberían estar a una, los ciudadanos nos merecemos que un tema tan fundamental se aborde sin sesgo político. Soy consciente de que hay un nicho de votos muy importante en los pensionistas pero debemos tener todos el mismo discurso y decir la verdad.

Afirma que los ciudadanos están dando "una lección de responsabilidad y sentido del deber" ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. A nivel económico, Blanco apunta que la Junta de Andalucía agilizará la ejecución de aquellas medidas que articule el Gobierno para ayudar a las empresas pero pide fondos extra para ello

­Licenciada en Derecho e inspectora de Trabajo, Rocío Blanco nació en Córdoba aunque ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Málaga, donde fue muchos años directora provincial del Instituto Social de la Marina y, más tarde, directora de la Tesorería General de la Seguridad Social. En enero de 2019 dio el salto a la gestión política y fue nombrada, a propuesta de Ciudadanos y como independiente, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del nuevo Gobierno andaluz. La consejera habla con La Opinión de Málaga sobre la actividad de la Consejería y la actualidad, absolutamente acaparada por la crisis del coronavirus.

Vivimos una etapa de desaceleración con un escenario global muy turbulento (Brexit, guerra comercial China-EEUU) y ahora la crisis del coronavirus, que aparte de su vertiente sanitaria, amenaza con paralizarlo todo.
Los ciudadanos están dando una lección de responsabilidad y sentido del deber. La sociedad ha asumido que se deben cumplir las normas y recomendaciones de las autoridades. No es una opción, es una obligación de todos. No se puede poner en riesgo la salud pública. La rapidez y la eficacia en la actuación, es determinante para que tengan éxito las medidas. Cuanto más rápida su aplicación, más se limitará el riesgo e intensidad del descenso de la actividad económica. Desde primera hora, cuando se conoció el primer caso de coronavirus, se creó en la Junta una comisión interdepartamental que se reúne casi a diario para hacer un seguimiento exhaustivo capitaneado por la Consejería de Salud. La comunidad andaluza no depende demasiado de los suministros de China. Sólo el 5% del material importado por las empresas andaluzas viene de allí. La mayoría de nuestras exportaciones son a la UE y los ingresos del turismo también proceden de países europeos. Pero qué duda cabe de que el coronavirus está afectando a la economía del continente y también a la andaluza. Se dice que Italia va a entrar a recesión y Alemania en desaceleración. En España, el Gobierno tiene que coordinarse con las comunidades autónomas.

¿Qué le piden al Ejecutivo?
Pedimos lealtad y cooperación, como no puede ser de otra manera. Es el Ministerio de Sanidad el que debe coordinar a las comunidades. Estamos viendo lo que está pasando en Madrid y en el País Vasco, y ya se están tomando medidas en Andalucía. La situación es grave y hay que ser plenamente conscientes de ello para poder atajarla. Hay ya fallecidos en Andalucía y, aunque aún estamos en un nivel de «Contención Reforzada», la curva epidemiológica muestra un preocupante repunte, especialmente en las zonas costeras. Nosotros hemos solicitado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que se doten fondos de contingencias para las medidas extraordinarias que sea necesario tomar.

¿Cómo ven la posibilidad de que las empresas puedan recurrir a un ERTE ante el posible impacto en la actividad?
Los ERTE son expedientes temporales de empleo previstos precisamente para contingencias como éstas, ya sea por falta de suministros o, algo que entiendo que atañe más a este caso, por una bajada de la demanda. Al Gobierno le hemos pedido la simplificación de los plazos del artículo 47 que regula los expedientes de regulación de empleo y de las condiciones de acceso a la prestación por cese de actividad para trabajares autónomos Tenemos que buscar medidas automáticas que no requieran mucha gestión, como deducciones en IRPF y en cotizaciones a la Seguridad Social. Puede haber empresas del sector servicios (que es el que apuntala la economía de Andalucía) que se resientan y que tengan que destruir empleo. También habrá empresas que dejen de contratar o que no incorporen de momento a sus trabajadores fijos discontinuos. Hay que contemplarlo todo. La competencia legislativa la tiene el Gobierno y nosotros, desde la Junta, seremos ejecutores de las medidas que se establezcan. Lo que podemos hacer como autoridad laboral es agilizar los procesos de los ERTE en caso de que se produzcan.

Supongo que también estarán vigilantes para evitar posibles abusos de las normas.
Sí, claro, siempre puede haber picaresca, pero creo que las empresas están suficientemente concienciadas y van a ser muy responsables para no abusar de estas medidas ni aprovechar la pandemia para hacer regulaciones de empleo por otros motivos.

Otra de las premisas parece ser la apuesta por el teletrabajo siempre que sea posible.
Aproximadamente un 8,4% de las empresas andaluzas contemplan el teletrabajo. Hablamos de un tejido productivo compuesto en un 96% por micropymes y pienso que muchas no están todavía preparadas para afrontar esa forma de trabajar. Además, no todas las empresas tienen un objeto social compatible con el teletrabajo, por ejemplo las que operan de cara al público. La Junta, antes de la crisis del coronavirus, ya viene preparando una orden para favorecer la conciliación laboral donde se quiere fomentar el teletrabajo, con ayudas a aquellas contrataciones que contemplen esta modalidad como medida de flexibilidad laboral. En cualquier caso, esta es una situación sobrevenida, donde no ha sido posible hacer un calendario sistemático. Veremos cómo evoluciona la situación. Iremos en coordinación con el Gobierno, para tomar todos las mismas medidas. Aquí no hay colores políticos. La salud de los ciudadanos es el mayor bien a proteger.

Cada mes, el 95% de los nuevos contratos que se firman son temporales y de corta duración ¿qué propone la Junta para buscar un mercado más estable?
Nos preocupa mucho esta precarización, aunque en el último año ha subido algo la contratación fija. El empleo no lo crea la administración, lo crean las empresas. Tenemos que facilitar que se sientan cómodas en Andalucía y la vean como un destino que les dé confianza. Hemos aprobado hace unos días el Decreto de Simplificación de Trámites Administrativos para apoyarlas en la puesta en marcha de sus proyectos. La excesiva regulación tiene al final un coste en el empleo y en la economía, porque si a una empresa le es más fácil instalarse en otro sitio, por ejemplo en Portugal, lo hará. En Andalucía hacían falta 168 días de media para instalar una pyme industrial, cuando en Castilla y León sólo hacen falta 62. Se trata de simplificar. Desde la Consejería también estamos incentivando las novaciones de contratos a tiempo parcial o temporales, para pasarlos a jornada completa e indefinidos, o el bono joven. Además, impulsamos que las empresas contraten a personas que hayan hecho prácticas no laborales.

Andalucía siempre ha tenido unas cifras de paro muy superiores a la media nacional, ¿logrará dejar esa posición?
En ello estamos. Nos hemos encontrado una situación que no es la mejor. La herencia ha sido una tasa de paro estructural, un PIB que sólo es el 74% del de España, un porcentaje de jóvenes ninis del 20% (en España es del 15%) y un índice de fracaso escolar del 21,9% cuando a nivel nacional es del 17,9%. Tenemos una seria de carencias que es necesario mejorar. En la crisis de 2008 el PIB cayó un 10,8% pero el empleo lo hizo a una tasa aún mayor (el 18%). La creación de empleo pasa por potenciar la productividad de las empresas y por mejorar la cualificación de los trabajadores. En Andalucía tenemos que generar confianza, apostar por el capital humano, agilizar trámites, potenciar las exportaciones, apoyar a los autónomos... Sólo un 25% de los autónomos que hay en la comunidad tienen a algún trabajador contratado. Si fueran más se crearía muchísimo empleo.

Los cursos de formación han estado parados muchos años por cuestiones judiciales ¿cuál es la filosofía en esta nueva etapa?
Es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos. La formación llevaba paralizada prácticamente desde 2011. Cuando llegamos nos encontramos una Consejería muy judicializada y vimos que la subvención no era un sistema seguro ni ágil. Hemos cambiado radicalmente el procedimiento. Vamos a hacer licitación pública a través de la Ley de Contratos del Estado, que nos dará más seguridad jurídica, celeridad y transparencia, y nos permitirá luchar contra el fraude. Hemos empezado la casa por los cimientos, formando a la gente que implantará los cursos. Este mes anunciaremos la licitación de 43 millones de euros para este primer semestre del año. Se han hecho mesas en todas las provincias con los agentes sociales para saber sus necesidades formativas. Así que la oferta va a estar diseñada a la carta. Por ejemplo, 7 millones van ser para oficios de la construcción, 4 para el campo de la digitalización, también habrá partidas para hostelería y turismo. La mejor herramienta para tener capacidad productiva es tener a nuestra gente formada.

En el ámbito de la hostelería, el papel de las escuelas de formación debe ser fundamental ¿Cómo marchan los planes para la reapertura del CIO de Mijas?
En el CIO se van a desarrollar cinco acciones formativas con una licitación de 185.000 euros. Hemos adecentado en principio sólo la zona del aulario y el área administrativa, y las actividad comenzará en mayo o junio. Por otro lado, empezaremos a actuar en el segundo semestre en el hotel y la residencia de estudiantes, que nos las hemos encontrado en un estado manifiestamente mejorable. Debo decir que los cinco trabajadores del CIO (que estuvieron 36 meses sin cobrar y ya están al día) han realizado un mantenimiento óptimo, en la medida de sus posibilidades, pero hace falta una remodelación profunda. Queremos que para 2021 el hotel y la residencia también puedan estar activos.

Rocío Blanco, durante su entrevista con La Opinión de Málaga. Foto: Álex Zea

¿Y cómo va el curso en La Cónsula y La Fonda?
Están funcionando a pleno rendimiento. Se ha reactivado el aula-restaurante de La Cónsula, que es muy importante para las prácticas de los alumnos. Hay que recordar que estas escuelas tienen un 100% de inserción, lo que habla de su prestigio. Las empresas se rifan a los profesionales que salen de allí.

Están inmersos en la modernización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Se critica siempre que casi ningún parado encuentre empleo a través del SAE.
Queremos que se convierta en un servicio de empleo, no de desempleo. Es verdad que la tasa de intermediación es muy baja, sólo del 2,7%, y ese cupo está formado en un 96% por la contratación pública, que está obligada por ley a acudir al SAE para la búsqueda de perfiles profesionales. El personal del SAE es excelente, con muchas ganas de desarrollar su trabajo de forma más eficaz. Lo que planteamos es una reforma integral del servicio y un sistema de perfilado estadístico. Tanto por el lado de la oferta como de la demanda, vamos a saber qué titulaciones son más requeridas y plantearemos herramientas para mejorar la empleabilidad. Está planteado en tres etapas (descriptiva, orientativa y predictiva) para que cada persona sepa sus posibilidades de recolocación, la rotación que hay en su sector, lo que necesita para tener más opciones de ser contratado... También intentaremos adelantarnos a las necesidades de las empresas detallando con una antelación de entre 8 a 18 meses las profesiones que serán más demandadas, para así formar antes a estos profesionales.

Este nuevo SAE, ¿cuándo estará operativo?
La primera fase descriptiva estará este año. Vamos a sacar el contrato de perfilado estadístico, que se realizará a través de técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data, para junio, y el de gestión integral, que incluirá una plataforma informática. Se trata de hacer una política útil para la sociedad.

El incremento de los salarios, ¿debe circunscribirse al diálogo social?, ¿cómo ve las subidas del SMI aplicadas por el Gobierno?
Soy una ferviente defensora del diálogo social. Quienes tienen que estar ahí son los sindicatos y empresarios porque nadie mejor que ellos conoce el tejido productivo. Están en la trinchera. La teoría económica dice que el factor trabajo tiene una implicación directa en la productividad. Si una empresa no puede trasladar ese aumento del SMI al valor de su producto igual tiene que hacer sacrificios. No obstante, en España casi todos los trabajos están regulados por convenio por encima del SMI ¿Quiénes son los perjudicados? El sector agrario, las empleadas de hogar, la asistencia a domicilio, los jóvenes que demandan un primer empleo... eso sí se está resintiendo. En el agrario se han perdido 30.000 puestos en Andalucía en el último año y en el de empleadas de hogar 1.876. Es muy bueno que haya un SMI digno y justo pero debería haberse hecho antes una evaluación para ver quiénes eran los ganadores y los perdedores, y haber adoptado medidas complementarias para no perjudicar a estos sectores.

El empleo autónomo ha crecido mucho ¿Qué medidas de apoyo plantean desde la Junta?
Apostar por los autónomos es hacerlo por el empleo. Lo llevamos en el nombre de la Consejería. Hemos habilitado subvenciones que complementan la tarifa plana estatal (que es de unos 50 o 60 euros al mes durante el primer año). Nosotros cogemos el testigo de esa cantidad durante otros doce meses. Y damos una vuelta más: los menores de 30 años y las mujeres que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes van a pagar sólo 30 euros. Además, hemos introducido una apuesta por las autónomas que se reincorporan al trabajo tras la maternidad, riesgo por embarazo, acogimiento, tutela... Por otro lado, estamos elaborando una orden para la subvención del primer trabajador por cuenta ajena que contrate un autónomo y para el crecimiento medio de la plantilla. Se van a establecer avales para garantizar la financiación y apoyo para la transformación digital de los negocios. También habrá ayudas para la conciliación de los autónomos por embarazo, paternidad/maternidad o hijos menores de tres años.

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