El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, confirmó ayer que, sobre un montante de 36.000 mascarillas defectuosas, unas 20.000 ya han sido localizadas y retiradas y otras 16.000 estaban aún en un centro logístico y se han podido retener antes de que se procediera a distribuirlas.

Detectadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que informó de las deficiencias que presentaba el material de protección, Marín se refirió a que ante esta situación se va a proceder a realizar nuevos test al personal sanitario que haya podido usarlas y destacó que la propia evaluación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se haya encargado de encontrar «este fallo en las mascarillas».

El SAS ha retirado dos modelos de mascarillas que cumplen con condiciones distintas a las indicadas para determinar su equivalencia a una FFP2, principalmente en centros situados en la provincia de Cádiz, pero también de otras provincias como Córdoba, Granada y Málaga. «De forma inmediata» estos centros han procedido a identificar a los trabajadores que las han utilizado y a la realización de test rápido o PCR, según proceda.

Fuentes del SAS sostienen que han incorporado un sistema de verificación para los equipos de protección individual, de manera que pueda «comprobar su calidad» y adecuación a los criterios especificados en sus fichas técnicas. Dicho sistema de verificación estándar para todos los equipos de protección «se ha puesto en marcha, a raíz de la incidencia» detectada con las Garry Galaxy (bolsa verde) que suministró el Ministerio de Sanidad, y persigue «máxima seguridad y garantías para los profesionales de los centros sanitarios».

Con anterioridad, el SAS señala que ya realizaba un muestreo aleatorio de los productos para detectar «posibles anomalías», antes y después de la adquisición, e inspección minuciosa de las fichas.