El Gobierno andaluz ha aprobado este lunes dos partidas que suman un total de 10,5 millones para ayudar a los municipios costeros a implementar las medidas necesarias en materia de seguridad, limpieza e higiene de playas durante este verano y que puedan estar abiertas durante la pandemia.
En concreto, se trata de un decreto ley que incluye 5 millones para que los ayuntamientos puedan realizar planes de contingencia individualizados para hacer frente al coronavirus, para garantizar el uso seguro de las playas y otros 5,5 millones para actuaciones de limpieza e higiene, según han informado en rueda de prensa el vicepresidente, Juan Marín, y el portavoz, Elías Bendodo.
Marín, que también es consejero de Turismo, ha ligado estas ayudas al esfuerzo económico "muy importante" que van a tener que hacer las localidades del litoral para adaptar sus playas y garantizar la seguridad durante los meses de verano.
En materia de seguridad, Bendodo, que es consejero de Interior, ha explicado que se incorporarán vehículos de rescate, embarcaciones, torretas de vigilancia y material para convertir las playas "más si cabe en destinos seguros".
El decreto unifica los planes de seguridad y salvamento de las playas y ayuda a los ayuntamientos a implantar medidas en los que se refiere al aforo, estancia en playas o uso de duchas y equipamiento, entre otras asuntos, unas medidas que se aprobarán la semana que viene cuando se consensúen con los alcaldes.
Bendodo ha insistido en la petición al Gobierno central para que permita la reapertura de las playas andaluzas el 25 de mayo (dos semanas antes de lo estipulado en las fases) y ha asegurado que Andalucía está preparada para lanzar un mensaje de "playas seguras".
La Junta regula la elaboración por parte de los ayuntamientos de los planes de contingencia, que tendrán que ser remitidos al órgano directivo competente en protección civil en un mes.
Entre las cuestiones que deberán incluir estos planes individualizados se encuentran medidas de autoprotección; carteles informativos, señalización y control de aforo; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; medidas de refuerzo de limpieza; o vigilancia.
Otra de las cuestiones que se regulan en el decreto ley son los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideración para la clasificación de las playas en tres categorías: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección (bajo, moderado o alto).
El grado de protección lo determina cada ayuntamiento y se establece en función de criterios como pueden ser, entre otros, la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.
El vicepresidente Juan Marín ha denunciado que en este momento "toda la responsabilidad" de cómo se abrirán las playas recae en los ayuntamientos, ya que en los protocolos aprobados por el Gobierno central "no hay ninguna instrucción" que marque las obligaciones, sino que sólo hay recomendaciones.
Ha indicado que la decisión "no puede recaer sobre un alcalde" cuando tienen una situación "tan delicada" y ha subrayado que "el Gobierno de España lo deja todo a criterio de los ayuntamientos".
Ha insistido en que sólo saben que los ayuntamientos tendrán que llevar a cabo un plan de playas, donde deberán garantizar un aforo, pero el protocolo del Ejecutivo de la nación "no especifica absolutamente ninguna obligación", por lo que tendrán que "ir viendo el criterio de los distintos alcaldes".
Asimismo, Marín también ha dicho que a la Junta le ha sorprendido que el Gobierno haya anunciado que las empresas turísticas que quieran obtener el sello "Covid Free" van a tener que pagar entre 500 y 3.000 euros por las auditorías obligatorios.
Marín considera "increíble" que el Gobierno "quiera hacer caja" con el sector turístico, que está en una situación "muy delicada", y ha pedido que se reconsidere esta decisión y que estas auditorías las abone el Ejecutivo a través del Ministerio de Turismo.
El vicepresidente ha enumerado otras reclamaciones que ya han lanzado al Gobierno, como los bonos turísticos o la rebaja del IVA al 4% en las empresas del sector.
Además, ha afirmado que el canon que se le está pidiendo a los chiringuitos "es fácilmente compensable" para el Gobierno central.
