El Plan de Activación, Impulso y Reactivación del Empleo (AIRE) aprobado ayer por el Gobierno andaluz priorizará a los desempleados afectados por la crisis del coronavirus y prevé que las primeras de las 19.000 contrataciones estimadas estén «plenamente vigentes» en septiembre.
Los proyectos que desarrollen los consistorios tendrán una duración máxima de doce meses y serán los ayuntamientos los que decidan qué actuaciones se llevan a cabo, según informó la consejera de Empleo, Rocío Blanco, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo donde se había aprobado. La selección se realizará mediante oferta en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se permitirá la contratación durante un mínimo de seis meses y máximo de ocho, a jornada completa.
El plan, dotado de 165 millones, establece como desempleados especialmente afectados por el Covid-19 a aquellos que entre el 1 de marzo y el 30 de junio del 2018 y 2019 estuvieron contratados temporalmente pero que este año, desde el 1 de marzo hasta la fecha de publicación del decreto, no lo han estado. Ese apartado se dirige a trabajadores de servicios de alojamiento; comidas y bebidas; actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas; y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, de prestación contributiva por desempleo.
Con fondos europeos se financiarán 146 millones y los otros 19 con política de autofinanciada, explicó Blanco, quien dijo que les habría gustado añadir más fondos pero en el plan operativo de fondos europeos sólo quedaba eso, y tampoco se ha podido contar con los 200 millones «sustraídos» por el Gobierno para empleo.
Para los contratos se destinarán incentivos que van, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización).
Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes hasta los 1.480. Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. La consejera indicó que «situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales» y que no se podía penalizar a los ciudadanos de esos municipios porque el Ayuntamiento fuera deudor. El plazo de presentación de solicitudes es de quince días desde el día siguiente a su publicación en el BOJA y se establece un plazo de resolución de dos meses desde la recepción de la solicitud, con el objetivo de que en septiembre se inicien los primeros proyectos.
La partida global se reparte en 63,2 millones para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años; 59,6 millones para contratos a parados de 30 y 44 años; y 42,15 millones para mayores de 45 años parados de larga duración. En la asignación y reparto de los fondos se ha valorado la existencia de las zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI), con un reparto adicional que alcanza en el caso de Cádiz un presupuesto de 34 millones, y en el caso de Jaén, de 16,7 millones.
El plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) destinará un total de 27.237.868 euros a la provincia de Málaga.
