25 de septiembre de 2020
25.09.2020
La Opinión de Málaga
Tribunales

El fiscal archiva la denuncia contra la Junta por la contratación de los auxiliares de playa

El ministerio público no ve delito alguno de prevaricación o contra los derechos de los trabajadores en la exclusión de este proceso de las personas que sufren patologías previas "que pudieran verse agravadas por el Covid-19".

25.09.2020 | 15:07
El fiscal archiva la denuncia contra la Junta por la contratación de los auxiliares de playa

La Fiscalía Superior de Andalucía abrió, a instancias del sindicato CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla, unas diligencias de investigación con el fin de determinar si por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta se cometieron los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores en los procesos selectivos abiertos para contratar a los auxiliares de playa, los vigilantes que han velado por que se cumpla la normativa sanitaria este pasado verano en nuestro litoral. Así, este periódico ha tenido acceso a un decreto del fiscal Alberto Manuel López López por el que se archiva la denuncia de la central sindical dado que los hechos "carecen de toda relevancia penal".

Dice el fiscal que el denunciante considera constitutivas de delito dos de las bases de la resolución del 14 de abril de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal público interino y laboral temporal necesario en el marco "de la emergencia pública ocasionada por el Covid-19, que excluye de la contratación a los colectivos incluidos en el apartado tercero de la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020". En esta, sobre los grupos de riesgo y la pertinencia de que participen en los procesos selectivos, se consideraba como personas especialmente sensibles a quienes sufran patologías que pudieran verse agravadas por el Covid-19, en base a las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad".

Estas personas con factores de riesgo son quienes sufren diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión, enfermedades hepáticas, pulmonares, renales, neurológicas o neuromusculares crónicas, males relacionados con la inmunodeficiencia, cáncer o mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o mayores de sesenta. Esta resolución, de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública los "excluyó de la contratación proyectada" para luchar contra el Covid-19, que fue lo que denunció el sindicato, denuncia archivada al no ser delito para el ministerio público.

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