La Junta de Andalucía prevé la creación de 11.000 puestos de trabajo con la nueva Ley de Puertos, cuya modificación ha sido aprobada hace cinco días en el Parlamento con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aportado un informe al Consejo de Gobierno de hoy "en el que se constatan los beneficios de una nueva ley que otorga seguridad jurídica a las empresas concesionarias, que pueden ampliar el plazo siempre que realicen inversiones de mejora en las instalaciones portuarias".

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) calcula que esta modificación de la ley tendrá un impacto económico próximo a los 600 millones de euros en la comunidad autónoma, con una previsión de 10.900 empleos entre las inversiones previstas y futuros proyectos portuarios.

Sólo las obligaciones para realizar inversiones en los puertos están cifradas en 44 millones de euros, lo que supondrá la creación de 1.000 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras de mejoras de las instalaciones portuarias, según la APPA.

Por otra parte, la consejería ha afirmado que se encuentran en diversas fases administrativas los expedientes para la construcción de nuevos puertos en Torrox (Málaga), Almuñécar (Granada) y Motril (Granada).

Estas instalaciones supondrán una inversión cercana a los 240 millones de euros, con una previsión de nuevos 300 empleos durante el desarrollo de las obras y, una vez concluidas, la contratación de 2.500 personas entre empleos directos e indirectos.

La consejería subraya que la modificación "ha acabado con una situación de inseguridad jurídica que afectaba gravemente al sector, ya que no podía hacer previsiones a corto y largo plazo porque desconocía la vigencia de las concesiones de unos puertos que cuentan con una plantilla de 500 empleados directos y más de 7.000 atraques".

El origen del problema residía en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos, que han llevado a diversas interpretaciones en su aplicación.