Andalucía, cuarta comunidad autónoma con más menores inmigrantes irregulares

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de niños y niñas en situación administrativa irregular, según el informe Crecer sin papeles en España, realizado por Save the Children y la fundación por Causa. Los migrantes menores de 19 años en esta situación en Andalucía se sitúa en un 9,6% del total de España, lo que supone 14.000 niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, este número se sitúa en casi 147.000 personas.

El resultado del análisis, presentado este miércoles, ha reflejado la invisibilidad que viven estos niños y niñas. La tasa de irregularidad de los menores en España es de 20,4%, es decir, una tasa más alta que la del conjunto de la población migrante, que supone el 13%. El 16,6% de los niños y niñas migrantes en Andalucía está en situación administrativa irregular.

El estudio desglosa por franja de edad la población infantil y adolescente migrante sin papeles en Andalucía: 4.864 tienen entre 0 y 4 años, 2.843 entre 5 y 9, 2.388 entre 10 y 14 y 3.801 entre 15 y 19 años. El peso de estos grupos sobre la población migrante menor de edad total de la comunidad es de 20,2%, 12,6%, 13,4% y 19,0%, respectivamente.

Lejos de su lugar de origen

En lo referido a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular en España son de América Latina. Colombia concentra el mayor número de menores que se encuentran sin papeles en el país: uno de cada seis niños y niñas residente en España proviene de Colombia. Le siguen en importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. De hecho, destaca el informe, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares.

El 43% de los niños y niñas que viven en España proviene de África, pero solo el 13% de ellos están en situación de irregularidad. Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas más pobladas y con mayor presencia de personas migrantes que concentran el mayor número de estos niños y niñas, después de Cataluña (más de 34.000), la Comunidad de Madrid (más de 29.300) y la Comunidad Valenciana (casi 20.000). Sin embargo, en términos relativos no se respeta esta tendencia ya que algunas de las comunidades que presentan tasas mucho más altas de irregularidad también están entre las menos pobladas: Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y Euskadi tienen a 35% de los niños y las niñas migrantes en esta situación.

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, señaló: “La posibilidad de haber cruzado una frontera o residir en un país sin la autorización pertinente establece una realidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del resto en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos.” Además, destacó que la situación podría “complicarse” por culpa de la pandemia.

El director del área de Investigación de la fundación por Causa, Gonzalo Fanjul, indicó que el número de personas en situación irregular podría “verse incrementada” en España en un número superior a los 160.0000 trabajadores y trabajadoras.

Una familia de origen migrante que reside actualmente en Estepona, Málaga, se trata de Fátima, Mustafá y sus cuatro hijos. Ambos nacieron en el Sáhara y llevan años viviendo en España. Sin embargo, ella actualmente no tiene los papeles en regla, lo que le impide recibir ayudas, mientras que él está en paro desde que estalló la pandemia por el coronavirus. Esta familia subsiste con tan solo 420 euros al mes. “Para mí, los papeles significan vida. Toda la vida”, apunta Mustafá.

A eso hay que añadir la situación de irregularidad de los niños y las niñas derivada de los rechazos a las peticiones de protección internacional, y que el análisis de la Fundación por Causa y Save the Children ha estimado en unos 13.000 casos.

Las consecuencias ante esta situación son numerosas. La irregularidad puede llevar a un mayor riesgo de pobreza. En un hogar extracomunitario con menores a cargo, el riesgo de pobreza asciende a un 48% frente al 14% que supone tener la nacionalidad española. Además, en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social solicita un NIE, por lo que excluye a las personas sin papeles. Esto es algo que no ocurre en otras comunidades como Euskadi, Baleares o la Comunidad Valenciana. El acceso efectivo al derecho a la educación también puede verse afectado.

Las diferencias entre la ley y su aplicación afectan al derecho de la infancia a la salud, donde las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas. La disparidad de criterio de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular. En ocasiones, el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios desvele su situación ante las autoridades policiales aleja de facto a los niños y las niñas de los centros de salud primaria y especializada. El impacto de la irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero uno de los que dejarán una huella más profunda, según indica el informe.

Consecuencias de la regularización

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social. Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

Save the Children pide proporcionar un “régimen jurídico específico” para la infancia migrante. Considera fundamental que se permita el acceso a las familias en situación administrativa irregular al Ingreso Mínimo Vital, a las prestaciones autonómicas por hijos e hijas a cargo y, en el caso de Andalucía, a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. En su informe de Propuestas ante la situación de extrema vulnerabilidad de la infancia sin papeles en España, Save the Children plantea soluciones como reforzar las capacidades y recursos de la Oficina de Asilo y Refugio, para que disminuya la tasa de rechazo de la protección internacional, o permitir el arraigo por circunstancias familiares cuando se trate de un padre o madre de un menor en situación regular para tener autorización de residencia y trabajo.