Especial 28F

Cuatro décadas bajo el amparo del estatuto de autonomía

Sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla.

Sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla. / LA OPINIÓN

LA OPINIÓN

Andalucía celebra el 28 de febrero inmersa en la preocupación por atajar las dos realidades que nos trajo el año 2020 y que desestabilizaron, no solo nuestra Comunidad, sino todos los cimientos del mundo tal y como lo teníamos entendido: la pandemia del Covid-19 y la crisis económica derivada del conflicto sanitario.

Andalucía conmemora de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados su festividad recordando las cuatro décadas que se cumplen en este 2021 de la aprobación del estatuto de autonomía por los andaluces en aquel referéndum celebrado el 20 de octubre de 1981 y en el que casi dos millones doscientos mil ciudadanos votaron de modo afirmativo (más del 90% de los que acudieron a la consulta). Los andaluces quisieron masivamente iniciar un nuevo camino

El estatuto de autonomía culminó un proceso que duró casi cuatro años y que había comenzado el 4 de diciembre de 1977, cuando un millón y medio de andaluces se manifestaron en las principales ciudades andaluzas, convocados por la Asamblea de Parlamentarios, para expresar su deseo de conseguir la autonomía andaluza. La fecha se tornó trágica por la muerte del joven malagueño Manuel José García Caparrós, por disparos de la Policía en la Alameda de Colón y que, 44 años más tarde, no ha sido aclarado aún.

A pesar de la tragedia de García Caparrós, el movimiento andaluz siguió imparable hacia su destino y tan solo un mes mas tarde, el 7 de enero de 1978, la Asamblea de Parlamentarios Andaluces aprobó el proyecto de Decreto por el que se regulaba el régimen preautonómico de la futura Comunidad Autónoma andaluza. Tres meses más tarde, el 27 de abril, el Real Decreto Ley 11/1978, desarrollado por el Real Decreto 832/1978, concedió la preautonomía a Andalucía. Ya en mayo, concretamente el día 27, Plácido Fernández Viagas, jurista socialista y senador más votado de Andalucía en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, fue investido presidente de la Junta Preautonómica andaluza en el salón de actos de la Diputación Provincial de Cádiz, en detrimento del candidato centrista Jaime García Añoveros, manteniéndose en el puesto hasta su dimisión en el 2 junio de 1979.

Durante su mandato, Fernández Viagas vio cómo se firmaba el llamado Pacto de Antequera el 4 de diciembre de 1978, que obligaba a todas las fuerzas políticas -11 en total- a conseguir la autonomía plena para Andalucía.

En el semestre que va de diciembre de 1978 a junio de 1979, el impulso autonómico andaluz tiene ya el respaldo de la nueva Constitución española, que es ratificada por referéndum popular el 6 de diciembre de aquel año. La Carta Magna «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Todo este proceso culmina el 2 de junio de 1979 con la constitución de la Junta de Andalucía de acuerdo a los resultados de las elecciones generales. Rafael Escuredo Rodríguez, un abogado laboralista, socialista, y compañero de bufete de Felipe González fue elegido presidente. Unas semanas más tarde, el 23 de junio, la Junta de Andalucía aprueba acogerse a la vía del artículo 151 de la Constitución para la consecución de la autonomía. A finales de agosto del mismo año, más del 95% de los ayuntamientos andaluces y todas las diputaciones provinciales se sumaron a la iniciativa autonómica a través del artículo 151, cumpliéndose el primer requisito del mismo. Una comisión formada por nueve representantes de todos los partidos parlamentarios andaluces aprueba en la localidad de Carmona un primer anteproyecto de Estatuto.

Los llamados padres del Estatuto de Andalucía. |

Los llamados padres del Estatuto de Andalucía. / LA OPINIÓN. MÁLAGA

El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151. La consulta salió adelante en siete de las ocho provincias andaluzas, pero no alcanzó el mínimo requerido legal en Almería. A partir de ese momento se produce un intenso debate político que se decide en el Parlamento nacional, modificándose la Ley de Referéndum para que se permita la incorporación de la provincia almeriense al proceso autonómico, de manera que la no ratificación de Almería pueda ser sustituida por las Cortes Generales, previa solicitud de la mayoría de los diputados y senadores de esta provincia.

Justo un año después, el 28 de febrero de 1981, la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía se reúne en Córdoba para analizar el proyecto de Estatuto. El 1 de marzo aprueban por mayoría el texto y contenido del llamado Estatuto de Carmona ya que es en la localidad sevillana donde los siete miembros de la Comisión Redactora, terminaron el proyecto el 12 de febrero. El Estatuto de Autonomía para Andalucía quedó aprobado por unanimidad. Ángel López, Miguel Ángel Pino y José Rodríguez de la Borbolla, del PSOE; Carlos Rosado y Pedro Luis Serrera, de UCD; Javier Pérez Royo, del PCA, y Juan Carlos Aguilar, del PSA ya son conocidos desde entonces como «los padres del Estatuto andaluz».

Tras la ratificación por parte del pueblo andaluz en el referéndum de octubre de 1981, el estatuto fue ratificado en el Congreso de los Diputados (17 de diciembre), en el Senado (23 de diciembre) y sancionado por el Rey, el penúltimo día del año 1981. Cinco meses más tarde se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, constituyéndose dicho Parlamento el 21 de junio de 1982.

De 2001 a 2007: el largo camino de la reforma de la norma fundamental

El texto originario del estatuto permaneció en el devenir de Andalucía hasta junio de 2001. Durante el Debate del Estado de la Comunidad celebrado en ese ejercicio, Manuel Chaves, por aquel entonces presidente de la Junta lanzaba la idea de reformar el Estatuto, para «impulsar un nuevo horizonte de autogobierno» El impulso definitivo a esta reforma llegó en junio de 2004, cuando el Parlamento andaluz acordó crear la Ponencia de Reforma del Estatuto, de la que formarían parte 11 parlamentarios y que se encargaría de elaborar una declaración conjunta, tras tomar el pulso a diferentes representantes sociales, económicos y culturales, además de expertos constitucionalistas, para que expusieran en sede parlamentaria sus opiniones y propuestas sobre el proyecto. 

Casi dos años más tarde, el 16 de febrero de 2006 el pleno del Parlamento de Andalucía admitió a trámite la proposición de Ley de Reforma del Estatuto con los votos a favor de los grupos Socialista y el de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y la abstención de Andalucistas y Populares. Entre las novedades del texto presentado, estaban la creación de títulos correspondientes a materias tan significativas como Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, Organización Territorial, Medio Ambiente y Medios de Comunicación. El 2 de mayo, la proposición de Ley obtuvo los votos a favor de los grupos Socialista y de Izquierda Unida, mientras que los grupos Popular y Andalucista se posicionaron en contra. Tres días más tarde, la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, lleva al Congreso de los Diputados la Propuesta de Reforma del Estatuto, con 246 artículos, 11 títulos seis disposiciones adicionales y solo dos Transitorias. Las transitorias son las únicas en reducirse, al pasar de seis a un total de dos.

Se presentaron un total de 285 enmiendas en la Cámara Baja y el 2 de noviembre fue aprobado por el Congreso de los Diputados. El apoyo fue casi unánime, ya que 306 de los 308 diputados presentes votaron a favor. El texto, tras su paso por el Senado, fue refrendado por los andaluces el día 18 de febrero de 2007. Finalmente el texto cuenta con un total de 250 artículos, 11 títulos, 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una disposición derogatoria, y 3 disposiciones finales.

El texto originario del estatuto permaneció en el devenir de Andalucía hasta junio de 2001. Durante el Debate del Estado de la Comunidad celebrado en ese ejercicio, Manuel Chaves, por aquel entonces presidente de la Junta lanzaba la idea de reformar el Estatuto, para «impulsar un nuevo horizonte de autogobierno» El impulso definitivo a esta reforma llegó en junio de 2004, cuando el Parlamento andaluz acordó crear la Ponencia de Reforma del Estatuto, de la que formarían parte 11 parlamentarios y que se encargaría de elaborar una declaración conjunta, tras tomar el pulso a diferentes representantes sociales, económicos y culturales, además de expertos constitucionalistas, para que expusieran en sede parlamentaria sus opiniones y propuestas sobre el proyecto.

Casi dos años más tarde, el 16 de febrero de 2006 el pleno del Parlamento de Andalucía admitió a trámite la proposición de Ley de Reforma del Estatuto con los votos a favor de los grupos Socialista y el de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y la abstención de Andalucistas y Populares. Entre las novedades del texto presentado, estaban la creación de títulos correspondientes a materias tan significativas como Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, Organización Territorial, Medio Ambiente y Medios de Comunicación.

El 2 de mayo, la proposición de Ley obtuvo los votos a favor de los grupos Socialista y de Izquierda Unida, mientras que los grupos Popular y Andalucista se posicionaron en contra. Tres días más tarde, la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, lleva al Congreso de los Diputados la Propuesta de Reforma del Estatuto, con 246 artículos, 11 títulos seis disposiciones adicionales y solo dos Transitorias. Las transitorias son las únicas en reducirse, al pasar de seis a un total de dos.

Se presentaron un total de 285 enmiendas en la Cámara Baja y el 2 de noviembre fue aprobado por el Congreso de los Diputados. El apoyo fue casi unánime, ya que 306 de los 308 diputados presentes votaron a favor. El texto, tras su paso por el Senado, fue refrendado por los andaluces el día 18 de febrero de 2007.

Finalmente el texto cuenta con un total de 250 artículos, 11 títulos, 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una disposición derogatoria, y 3 disposiciones finales.