Moreno ve «imperdonable» seguir sin un marco normativo para después del 9 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó ayer de «imperdonable» que a menos de dos semanas para que decaiga el estado de alarma no se haya dado ninguna alternativa normativa que otorgue «seguridad jurídica» a las comunidades a la hora de adoptar posibles restricciones.

El presidente andaluz entiende que hay que decidir qué va a pasar, por ejemplo, con los cierres perimetrales en ciudades con más de 500 casos o cómo se van a evitar los contagios de un municipio a otro: «Son decisiones que tenemos que adoptar en conjunto», afirmó.

Moreno dijo a los periodistas en los pasillos del Parlamento que el Gobierno debe establecer una normativa para todo el Estado y opinó que es «incomprensible» que tras catorce meses de pandemia y a falta de «unos días» para el 9 de mayo «no haya ninguna alternativa del punto de vista normativo y jurídico».

Reclamó al Gobierno central que «coordine, planifique y lidere» junto a las comunidades, por lo que volvió a pedir la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para ver «qué vamos a hacer» tras el estado de alarma.

Consultas al TSJA

En cuanto a las consultas que la Junta trasladará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre posibles restricciones de movilidad o confinamientos perimetrales, éstas se harán a través de los letrados de la Consejería de Salud.

Por lo tanto, no se producirá el lunes la reunión anunciada por el vicepresidente, Juan Marín, con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior, Ana Tárrago, en la que según dijo también iban a participar el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, y el titular de Salud, Jesús Aguirre.

El propio presidente del TSJA adelantó ayer que no iba a acudir a la reunión por «prudencia institucional y obligación judicial» y explicó que estaría «mediatizando» el asunto: «No puedo participar en gestionar algo que se va a revisar judicialmente, estaría interfiriendo en la labor de los compañeros», manifestó Del Río.

Marín, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, explicó que estuvieron hablando sobre la reunión el miércoles y acordaron que las «consultas técnicas» las harían los letrados de Salud, para que se vayan respondiendo de manera «mucho más operativa», a lo que sumó los «problemas para encajar las agendas».

Defendió que «no es que el presidente del TSJA no quiera acudir» y señaló que «no es cuestión de reunirte o no» porque lo necesario es «coordinarse».

En eso, según Marín, «tanto el presidente del TSJA, la fiscal superior, la Consejería de Salud como el Gobierno andaluz» tienen que «intentar colaborar» para que «no se invadan» derechos fundamentales con una decisión sobre la que después «haya que dar marcha atrás».

En lugar de una coordinación al más alto nivel mediante ese encuentro, serán los servicios jurídicos de la Consejería los que consulten lo necesario en relación, fundamentalmente, a las restricciones de movilidad.

«Me parece más razonable que se haga de esa forma a manifestó Marín, quien insistió que en el caso de Lorenzo del Río «no era posible» que asistiera a la reunión que se estaba «preparando», a lo que se añade que algunos de los asistentes del Gobierno tampoco lo sabían al ser el día antes de unas elecciones.

El vicepresidente andaluz volvió a lamentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no haya hecho su trabajo» para que haya una norma que ampare a las comunidades tras el estado de alarma porque «cada comunidad no puede decidir lo que le parezca».