El pleno del Parlamento instó ayer a la Junta a que demande al Gobierno central que ponga a disposición, de manera urgente, de las corporaciones locales y provinciales un fondo incondicionado por importe de 3.000 millones de euros destinado a paliar los efectos y perjuicios que la crisis del Covid-19 ha causado en estas instituciones, según se recogía en una proposición no de ley del PP-A.

La iniciativa contó con el apoyo de Cs en su totalidad y con el rechazo del PSOE-A y Vox a todos los puntos, mientras que Adelante se abstuvo en algunos y otros los rechazó.

Otra demanda a la Junta consiste en que reclame al Ejecutivo nacional que dé participación a los ayuntamientos y diputaciones en los fondos provenientes de la Unión Europea frente a los efectos del Covid-19 en un porcentaje del 14,56 por ciento, frente a lo consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que sólo les asigna el 4,2% de los fondos.

Asimismo, se ha pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo central la redacción de un proyecto de ley de financiación local, y que lleve a cabo la liquidación definitiva de las entregas a cuenta del ejercicio 2020 y que, ante la previsible merma de ingresos, se acuerde el reintegro de las posibles cantidades a que tuvieran que hacer frente las corporaciones locales en el plazo de 10 años como realizaron anteriores gobiernos.

En defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, manifestó que la actual situación de crisis por la pandemia del coronavirus ha dado lugar a que las corporaciones locales dieran un paso más en este inédito, complejo y duro camino en «el que no ha acompañado, desgraciadamente, el Gobierno de España».

«El ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sido el cómplice necesario que requerían los ayuntamientos, más allá de escasas medidas e incluso queriendo aprobar por ocurrencias, propuestas como la disposición para sí, de sus remanentes de tesorería, con medidas compensatorias inasumibles por el común de todas las corporaciones locales», según ha indicado.

Para López, el Gobierno de España «ha desatendido a los ayuntamientos, que se han visto, en muchos casos, desbordados por situaciones a las que, por responsabilidad y profesionalidad, han tenido que hacer frente, como medidas fiscales, laborales y sociales sufragadas íntegramente con cargo a sus recursos propios».

Ejemplos de esta «falta de auxilio y respaldo del Gobierno de España a los ayuntamientos», según dijo, es el hecho de que no se incluyera el fondo incondicionado para la reconstrucción local prometido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «en reiteradas ocasiones durante el pasado año o que las transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2% frente al 6,4% de incremento global de los PGE o que del total de fondos de recuperación europeos las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el 4,2% (1.483 millones) de dichos fondos, que tienen adjudicados, pese a su peso real en la generación y gasto de recursos públicos».

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús Fernández manifestó que la iniciativa popular «no es para salir en auxilio» de los ayuntamientos, sino que estamos «ante otro numerito de confrontación con el Gobierno central». El PP-A, según agregó, usa a los ayuntamientos «como una herramienta más de crispación y como un arma arrojadiza contra el Ejecutivo».