Después de meses de espera, la semana pasada tanto el Comité de Salud Pública como el Consejo Interterritorial sacaron del limbo a casi 260.000 andaluces menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca a primeros de febrero y desconocían cómo iban a acabar la pauta. A nivel estatal superan los dos millones.

El Ministerio de Sanidad resolvió administrar la segunda vacuna de Pfizer, apoyándose en los resultados del estudio CombiVacs impulsado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que concluyó que la combinación de la fórmula británica con la de BioNTech "potencia" la respuesta inmunitaria mientras que los efectos adversos observados son "leves o moderados".

Sin embargo, la presión de las comunidades autónomas defensoras de AstraZeneca y reacias a mezclar fórmulas, entre ellas Andalucía o Madrid, desbloqueó la posibilidad de que aquellos ciudadanos menores de 60 años en prima dosis de AstraZeneca puedan completar la pauta vacunal con esta fórmula, eso sí, presentando un consentimiento informado. Todo, pese a las reticencias de la cartera de Carolina Darias.

No obstante, en Andalucía ese consentimiento informado ha quedado diluido a un mero trámite secundario y optativo pero no obligatorio para recibir la segunda dosis. De hecho, la Junta ha elaborado dos consentimientos, uno para optar por Pfizer y otro para optar por Astrazeneca, pero al llegar a recibir la vacuna, los sanitarios no los exigen para poner la inyección. Según el ejecutivo andaluz, como la vacunación no es obligatoria, el hecho de acudir a los puntos de vacunación por sus propios medios implica un consentimiento.

El consejero de Salud Jesús Aguirre llegó a presumir ayer en el Pleno del Parlamento de que "el 99% de la población andaluza ha asumido voluntariamente AstraZeneca como segunda vacunación" y volvió a invocar a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y a su homóloga española para argumentar su defensa de no mezclar vacunas.

La ministra de Sanidad Carolina Darias ha reprendido esta semana a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas discordantes por lo que considera un "gravísimo problema de comunicación" que ha contribuido a difundir un mensaje erróneo. Lo que recoge el acuerdo, tal y como aclaró la ministra, es que no se elige entre una u otra vacuna, sino que la indicada para completar la pauta es Pfizer y, en caso de que se rechace, podrá ponerse AstraZeneca bajo consentimiento informado.

"Lo deseable sería que todas [las comunidades] llevasen a cabo los acuerdos sin prejuicio de que aquellas personas que rechacen Pfizer, como se establece en el Comité de Bioética, pueda recibir la otra vacuna dada la excepcionalidad. En la estrategia no se permite la elección", criticó Darias.

En opinión de Aguirre, su departamento está cumpliendo la "legislación vigente a nivel de España" y considera que cumple con lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre el hecho de que la firma de los consentimientos informados no sea obligatorio, el consejero insiste en que "prevalece la Salud Pública" en una situación de pandemia.

Hoy, en una visita a Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha tomado el testigo de Carolina Darias y ha vuelto a reiterar que no existe la vacunación "a la carta" por lo que hay que actuar con "disciplina" y administrarse la que corresponda.