Política

El Parlamento andaluz apruebas las ayudas de 1.109 millones para empresas y autónomos

El decreto que regula los fondos distribuidos por el Gobierno central no recibió ningún rechazo pero sí críticas por su diseño y tardanza

El grupo socialista con su nueva portavoz, Ángeles Ferriz, que se estrenó en el pleno de ayer

El grupo socialista con su nueva portavoz, Ángeles Ferriz, que se estrenó en el pleno de ayer / RAÚL CARO/ EFE

Europa Press

El pleno del Parlamento convalidó ayer, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox, y las abstenciones de los diputados no adscritos expulsados de Adelante, el decreto ley de la Junta que recoge las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de una línea de subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generado durante la pandemia. Se trata del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Es la norma para aplicar en Andalucía las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 5/2021, aprobado por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo, que ha asignado 1.109 millones de euros a la comunidad autónoma, el 15,8% de los 7.000 millones distribuidos entre las regiones, según subrayó la Junta tras su aprobación.

Las subvenciones se dirigen a empresas y autónomos encuadrados en una relación de actividades económicas (CNAE) que, entre otras condiciones a cumplir, no hayan declarado pérdidas en 2019 y sus operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en 2020 con respecto a 2019.

En su defensa ante el pleno, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, expuso que se trata de ayudas con carácter finalista, es decir, que deben ser justificadas por el beneficiario, y deberán aplicarse para satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, y que se vayan a pagar a partir de este 1 de junio.

La cuantía potencial a percibir, calculada como exceso de la caída del 30% en las operaciones de IVA, oscila entre 3.000 y 200.000 euros. El importe subvencionado se calculará en función de la caída de su facturación y número de trabajadores, más o menos de diez.

Los solicitantes de estas subvenciones han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda, y no encontrarse en concurso de acreedores. Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022. La consejera reiteró que la Junta trata de dar «la mayor agilidad posible» a la tramitación para cumplir con los plazos establecidos en la norma redactada por el Gobierno de España, y resolver así las solicitudes antes del 31 de diciembre de 2021. Añadió que se trata de «una buena idea pésimamente diseñada».

«Arma de confrontación»

La diputada del PSOE Noelia Ruiz defendió que el Decreto-ley 5/2021 del Gobierno «pone en evidencia distintas formas de salir de esta situación excepcional», y reprochó al Gobierno andaluz que «han usado este instrumento de cooperación entre administraciones como arma de confrontación».

El diputado del PP-A Erik Domínguez argumentó que el Parlamento debe apoyar este decreto «por responsabilidad», porque, «mientras una sola empresa pueda acogerse» a las ayudas que éste regula, el Gobierno andaluz «debe acogerse» a las mismas.

La portavoz adjunta de Cs, Mónica Moreno, sostuvo que «el Real Decreto 5/21 del Gobierno llega tarde», mientras que de Adelante, Carmen Barranco subrayó que es el «momento de ayudar a las empresas por el impacto económico» que ha generado el Covid-19. La parlamentaria de Vox Ángela Mulas reprochó las ayudas previstas por el Gobierno para Andalucía por considerarla «una campaña de publicidad engañosa».

Apertura de los comercios todos los domingos

El pleno del Parlamento andaluz también convalidó ayer el decreto de la Junta que permite que los establecimientos comerciales minoristas de los municipios declarados turísticos en Andalucía puedan abrir todos los domingos y festivos durante el periodo estival de este año 2021, que comprende junio, julio, agosto y septiembre. Por otra parte, se aprobó el decreto que incluye una medida extraordinaria para paliar la pérdida de rentas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del sector de los feriantes, una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros en un pago único. Se trata del Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establece también apoyo económico al servicio de Atención Infantil Temprana.