Gaucín y Casares, junto a tres municipios gaditanos, piden moratoria sobre fotovoltaicas

Los ayuntamiento de dos municipios malagueños, Gaucín y Casares, junto a tres gaditanos, los de Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, han solicitado a la Junta una moratoria para los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en estas localidades hasta que exista una regulación sobre esa área.

Así lo han explicado los ayuntamientos de esas cinco localidades en una nota en la que informan de la reunión mantenida hoy, jueves, por sus respectivos alcaldes José Carrasco (Casares), Pedro Godino (Gaucín), Fran Gómez (Jimena), Jesús Fernández (Tesorillo) y Adrián Vaca (Castellar) con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, encabezados por el viceconsejero, Mario Muñoz-Atanet.

Los alcaldes han reclamado que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en esas cinco localidades hasta que se apruebe una regulación autonómica que "garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios".

En la reunión se ha acordado trasladar esta iniciativa a las Consejería de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo es "fundamental para aprobar esta petición de moratoria" en la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Estos cinco ayuntamientos de localidades limítrofes entre sí están tomando acciones juntos ante "el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en sus municipios".

El objetivo de este consejo de alcaldes es que la instalación de las plantas de energías renovables se realice "de forma sostenible y planificada", para que "no tenga un gran impacto paisajísticos o medioambiental", ni "perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico".

Cada uno de los consistorios está trabajando para regular, en el ámbito local, la implantación de este tipo de instalaciones, aunque el Gobierno de España y la Junta de Andalucía "son las administraciones competentes para tramitar estos proyectos y las que tienen la última palabra".