La Junta pide al Gobierno que retire la campaña contra el consumo de carne

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha reclamado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que retire "de inmediato" la campaña contra el consumo de carne, que ha calificado como "una auténtica aberración".

"Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la ganadería andaluza", ha dicho Crespo en el Parlamento andaluz, donde ha añadido que la mayoría de los ganaderos "ha hecho un esfuerzo por realizar una actividad ecológica y que podamos defender una producción saludable, con sabor y sostenible que se exporta al resto del mundo".

Para la consejera "parece mentira que un ministro malagueño, provincia en la que hay un gran sector cárnico, ataque la viabilidad de un sector fundamental para la economía de Andalucía y de España".

Crespo ha lamentado el ataque a un sector "que da muchos puestos de trabajo y que se visto muy afectado con el Covid y el cierre del canal Horeca", razones por las que cree que "lo que hay que hacer es ayudarlo" para que siga abriendo canales de comercialización, como está logrando hacer en Asia.

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las nuevas reglas de la Política Agraria Común (PAC), Crespo ha recordado que el Plan Estratégico Nacional tiene que "acompañar a la competitividad de los agricultores andaluces que suponen el 33 % de los perceptores de España".

La consejera ha destacado que Europa obliga a poner "más énfasis" en las cuestiones ambientales y ha cuestionado la viabilidad de "hacer más con menos" presupuesto, para resaltar que con el actual modelo Andalucía cuenta con un 23,5% de agricultura ecológica, cifra muy próxima al objetivo marcado por Europa.

Ha subrayado también la "unidad de acción" entre el sector agrario y la Junta, con el que se ha conseguido "un proceso de convergencia paulatino hasta alcanzar el 85 % en 2026", alejado de los parámetros inicialmente planteados.

La consejera ha fijado como objetivos aún por definir que el número de regiones productivas no se reduzca más allá del 50 %, como está planteando el Gobierno español, y que los ecoesquemas se definan por regiones productivas para evitar que se conviertan en una tasa plana muy perjudicial para Andalucía.