El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, afirmó ayer que Andalucía no está ahora mismo en la «situación» de necesitar pedir a los tribunales que le autoricen a establecer un toque de queda nocturno, y apostilló que «tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a ello».

Así lo indicó el vicepresidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios al participar en el acto de la firma del convenio del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con los responsables de las ocho diputaciones provinciales.

Marín insistió en señalar que, «inicialmente», la Junta no contempla de manera inmediata un endurecimiento de las restricciones vigentes en Andalucía, pero subrayó que «estamos viendo cómo va la evolución» de la pandemia, y explicó que «este fin de semana se produce un cambio importante», entre la primera y la segunda quincena de julio, con «gente que vuelve de vacaciones», de forma que «habrá que ver» la «reacción» que se produce en las «ciudades de origen» de esos viajeros que regresan.

«En función de cómo vaya la evolución», la Junta irá actuando, y su comité regional de Alerta sanitaria maneja «diariamente toda la información pendiente de poder tomar cualquier decisión», según indicó el vicepresidente, quien en todo caso lamentó la «situación de inseguridad jurídica» existente en la que «son los jueces los que deciden por los sanitarios».

Marín remarcó que esto ha venido «provocado por lo que todos sabemos», porque desde el Gobierno no se ha habilitado a las comunidades autónomas para que «pudiéramos tomar este tipo de decisiones» de, por ejemplo, decretar toques de queda o limitaciones a la movilidad.

En esa línea, subrayó que, ante las peticiones de algunas comunidades autónomas para decretar toques de queda, algunos tribunales superiores de Justicia y sus fiscalías se están mostrando a favor y en otros no, y defendió que, «ante esa situación, cualquier medida que podamos adaptar solamente puede afectar a las competencias que tenemos delegadas» las comunidades autónomas.

Toma de decisiones

Marín opinó que «si fueran los servicios, los expertos sanitarios los que tomaran esas decisiones», y éstas no se pusieran «en manos de los jueces, creo que sería mucho más fácil para todos y la pandemia la podríamos controlar mucho mejor».

«Pero el presidente del Gobierno de España no lo creyó así oportuno, ni tampoco la ministra» de Sanidad, según criticó Juan Marín, que remarcó que a la titular de dicho departamento se le «ha insistido en muchas ocasiones en que estamos en esa indefensión jurídica a la hora de poder tomar decisiones», que, de este modo, en lo que respecta a las comunidades autónomas se deben limitar a «reducciones de horarios o de aforos», según apuntó, porque «no podemos limitar la permanencia en la calle» sin que esté en vigor un estado de alarma.

Por otro lado, informó de que el Ayuntamiento de Conil de la Frontera ha pedido un refuerzo policial para controlar los botellones y las aglomeraciones ante el alto nivel de contagios, pero Marín le ha trasladado que es una competencia del Gobierno central, ya que la Policía Adscrita a la Comunidad, que es la de competencia de la Junta, sólo dispone de cuatrocientos agentes en otras funciones.