Las cuestiones previas marcan el comienzo del tercer juicio de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha empezado este martes el juicio de una nueva macrocausa de los ERE por las ayudas autonómicas de más de 8 millones de euros a empresas vinculadas al corcho por la que están acusadas cinco personas, entre ellas el exalcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla.

Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera son las empresas a las que se señala como responsables civiles subsidiarias.

Esta primera sesión del juicio se ha centrado principalmente en las cuestiones previas expuestas por las diversas partes: Fiscalía, Junta de Andalucía, PP andaluz como acusación popular y las defensas de los distintos acusados.

El letrado de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, ha sido el primero en intervenir.

Lo ha hecho planteando una posible 'vulneración de derechos fundamentales' por las acusaciones tanto públicas como privadas que han recaído sobre su defendido.

Además, ha reseñado un presunto daño en la reputación de su patrocinado, alegando una situación familiar y económica 'lastimosa' desde el año 2009, cuando se le acusa de los delitos de malversación y prevaricación.

En esta misma línea, la defensa de Rodríguez de la Borbolla ha recalcado que se enfrentan “a un procedimiento judicial en el que se va a juzgar un supuesto procedimiento ilegal sin que los autores estén en sala y sin sentencia firme”.

Los letrados de Pedro Moreira Oliveira, Gerardo de la Cruz Elías, Sotero Martín Barrero y Rogelio Becerra Martín han solicitado que sus defendidos no acudan a las sesiones presencialmente.

La defensa de estos dos últimos, además, ha anunciado que propondrán como testigos a cuatro trabajadores de las empresas investigadas.

Dos de ellos son Moisés Perea Cazalla, sobrino de Becerra Martín y Rosa Martín Barrero, hermana de Sotero Martín.

La Fiscalía acusa a los cinco procesados de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

Para Rodríguez de la Borbolla pide 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín y Fernando Pedro Moreira, y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.

El Ministerio Público considera que la empresa Corchos de Cazalla que, junto a Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), estaba en dificultades financieras que llevarían a la quiebra a esta última, se constituyó en noviembre de 1995 para fabricar otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería.

Becerra, que coincidió como concejal del Ayuntamiento de Cazalla con Borbolla cuando era alcalde, era el administrador de la empresa desde 1998, mientras que Rodríguez de la Borbolla fue apoderado además de socio en más del 50 % a partir de 2003.

Según la Fiscalía, ambos acusados consiguieron que el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, -ya fallecido- beneficiara a la empresa con dos ayudas por importe de 3.003.036,21 euros, aunque la Fiscalía considera que "ninguna tiene un objeto concreto y definido".

La presentación de las cuestiones previas continuará mañana miércoles.