Juicio

El juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía por defraudar 40 millones en subvenciones será a partir de 2024

A todos los investigados se les imputa un presunto delito continuado de fraude de ayudas en concurso y otro de falsedad en documento mercantil

El exsecretario general de la UGT-A, Francisco Fernández, en una imagen de archivo. EFE

El exsecretario general de la UGT-A, Francisco Fernández, en una imagen de archivo. EFE / EFE

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

El juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía acusada de un supuesto delito de fraude por el desvío de más de 40,7 millones de euros en ayudas, será en el año 2024. 

Los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Los acusados se sentarán en el banquillo entre el 15 de enero y el 19 de junio de 2024, pero antes del 14 de diciembre de 2023, las defensas y acusaciones expondrán las cuestiones previas; según consta en la diligencia de ordenación que ha dictado el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

A todos los investigados se les imputa un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso y otro de falsedad en documento mercantil. Debido a que urdieron una supuesta trama para financiarse de manera irregular con el supuesto desvío de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para la formación de parados y trabajadores.

El magistrado Juan José García Vélez ya dictó un auto, en marzo de 2020, en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

El magistrado ha impuesto una fianza millonaria para los exdirigentes sindicales, que supera los 40 millones de euros.  

Bienes embargados y condenas

Tras seis años de investigación, el juez concluyó que el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047 euros

En el auto dictado hace un año, se daba de plazo un día a cinco excargos de UGT-A para abonar la fianza y garantizar de este modo "las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles". De no ser así, el juzgado "embargarán bienes en la cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para Fernández Sevilla, en el llamado caso de las facturas falsas. Misma pena y multa pide para el ex secretario general de Administración y ex tesorero de UGT-A, Federico Fresneda; la secretaría de gestión económica María Charpín y Enrique Goicoechea, el consejero delegado de Soralpe, una entidad creada por UGT-A para endosar a ayudas de la Junta supuestas facturas falsas y alquileres ficticios de  aulas donde se impartían cursos.

A la quinta acusada de UGT-A, Dolores Sánchez Montaño, que fuera responsable del departamento de Compras, se le impone una fianza de 4,28 millones de euros. Contra el auto no cabe recurso, "excepto en lo relativo a la situación personal de los encausados".

El proceso contra la antigua cúpula sindical compromete también las finanzas de la federación regional del sindicato, a la que se le requiere la misma fianza de 40,75 millones de euros.

En el banquillo se sentarán también diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos públicos. Se enfrentan a fianzas que suman más de 4 millones de euros. En el caso de que no la depositen, se les requiere a las sociedades de manera subsidiarias las siguientes fianzas: 515.900,22 euros a Chavsa, 217.217,06 a Lienzo Gráfico, 1.051.613 a Siosa, 48.805,61 a Imprenta Pineda, 638,56 a Viajes Macarena, 1.067.286,97 a Caronte y 301.266 a Carpetas Abadía, 856.673 a Publicar D.M.