Moreno afronta el reto de modernizar la Junta, la mayor empresa de España

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que tendrá su debate de investidura hoy y mañana en el Parlamento andaluz, incluye la reforma de la administración, junto a la eliminación y simplificación de trámites administrativos como patas de las claves de la creación de empleo, que definirá como prioridad de su futuro Gobierno en un entorno lleno de incertidumbres y amenazas.

Moreno prometerá avanzar en la simplificación administrativa y tratará, en esta legislatura, de extender esas reformas a los ayuntamientos y diputaciones, donde en ocasiones se atascan muchas inversiones de empresas y proyectos privados.

También habrá una reforma, aseguran fuentes próximas al presidente, de la conocida como administración periférica de la Junta, es decir de las delegaciones provinciales.

El presidente está harto de repetir que en una comunidad del tamaño del país de Portugal la desconcentración administrativa es un deber para hacer la Junta ágil.

Con sello económico, el presidente se volverá a comprometer en su discurso a fomentar el tejido industrial en Andalucía, con un peso de su valor añadido industrial por debajo de la media nacional y acciones como la cesión de suelos o reformas fiscales para atraer empresas.

El Parlamento de Andalucía investirá a Juanma Moreno como presidente este jueves por la tarde

La reforma de la Formación Profesional Dual, que la Junta reforzará también de la mano de las universidades, más reformas fiscales y bajadas de impuestos, así como la llamada «revolución del agua» guiará parte del discurso de investidura del presidente andaluz, según fuentes de San Telmo. Existe el compromiso del Gobierno de atender las advertencias del ‘agro’ andaluz, que llevan ya tiempo advirtiendo de un enorme problema de falta de agua y sequía y reclamando medidas urgentes que son caras, como las infraestructuras hidráulicas, o poco eficientes aún, como las desaladoras. Lo que está claro es el diagnóstico, admiten desde el Gobierno autonómico, «Andalucía tiene un problema con el agua».

Fue una de las promesas estrella de su primer discurso de investidura, en enero de 2019. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, prometió dentro de un amplio capítulo de regeneración democrática hacer reformas profundas en la administración y acabar con la «red clientelar» con la que denunció que el PSOE había llevado a Andalucía a una espiral de «triunfalismo, acomodamiento y conformismo».

De las auditorías comprometidas del sector público y sus entes instrumentales quedó un informe de cientos de folios y el convencimiento de que la justicia actúa y no se puede despedir a laborales incumpliendo la legislación laboral española, se necesitarían cuantiosas indemnizaciones.

Mañana de despedidas en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

De aquella parte del discurso afloran además promesas incumplidas como limitar por ley a ocho años los mandatos de presidente y consejeros de la Junta de Andalucía, la supresión de los aforamientos o la eliminación de organismos como el Consejo Consultivo, que después admitieron que no era posible porque estaban blindados en el Estatuto.

Ya en aquel discurso destacó un asunto clave, según todos los expertos: la reforma de la Ley de Función Pública, que volverá a estar presente esta misma semana.

Una norma obsoleta, de 1985, cuya reforma tomó forma pero no llegó a aprobarse la anterior legislatura. Un cambio para una administración que, según el anexo de personal del último Presupuesto andaluz, el de 2021, cuenta con 233 eventuales, 233.702 funcionarios y 23.395 laborales.

Una plantilla de 257.551 trabajadores que suben a 278.226 si se suman docentes, sanitarios y personal de Justicia. La mayor empresa de España en volumen de trabajadores y unos gastos de personal de 13.134 millones en un Presupuesto total de 40.188 millones de euros.

La Junta de Andalucía sería una empresa privada enorme, la mayor del país si comparamos con los 174.000 profesionales en plantilla del gigante textil Inditex, los 93.500 de Mercadona o los 28.000 empleados del Banco Santander en España.

Profesionalización del empleo público y despolitización. Una ley para una administración pública más moderna, más eficaz y más profesional, fueron las promesas. La reforma de la ley de función pública arrancó su tramitación y ahora prometen que llegará al Parlamento sin dilación en un primer paquete legislativo el próximo septiembre.

Será, junto al Presupuesto, de las primeras normas que estrenen la mayoría absoluta del PP. Negociada con los sindicatos, ya no hay excusas con 58 de los 109 diputados de la Cámara, para cambiar una ley que va a cumplir los 40 años. El objetivo es pasar del papel y el tampón a los procedimientos digitales.

El Gobierno andaluz ha comprometido un amplio volumen de recursos de los Fondos Next Generation procedentes de la UE para revolucionar digitalmente su administración. Solo para Justicia, hay proyectos de digitalización por 62 millones de euros.

La futura norma de la función pública es clave además porque se prevén numerosas jubilaciones. La Junta calcula que tendrá que renovar a un 50% de su personal en la próxima década.

Por eso quiere ajustar los procedimientos de selección de su personal y perfeccionar los sistemas de acceso a la función pública. El proyecto de ley es una apuesta clara por la digitalización, delimita las funciones del personal laboral y funcionario para que no haya solapamientos ni problemas, actualiza los sistemas de retribuciones, acceso y promoción y prevé ajustar al siglo XXI no solo los procedimientos sino el catálogo de puestos de trabajo.

Precisamente los procedimientos de contratos exprés habilitados por la Junta de Andalucía desde 2020 por la pandemia han sido motivo de duros varapalos judiciales para el Gobierno andaluz en funciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado cada uno de los procedimientos convocados saltándose los trámites administrativos habituales alegando la emergencia por covid. Ha sido uno de los lunares negros de una Junta que ha sacado por esta vía más de 4.000 plazas pese a que su uso iba a ser «residual y excepcional».

Suscríbete para seguir leyendo