El Tribunal Supremo ha confirmado, con los votos de tres magistrados frente a dos discrepantes, la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a prisión y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

El alto tribunal ha confirmado en sus aspectos esenciales la sentencia que hace más de dos años condenó a una veintena de responsables socialistas por permitir durante diez años la concesión de ayudas sin control a determinadas empresas andaluzas en crisis, si bien dos de las magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, consideran que tanto el expresidente como otros cuatro implicados debieron ser absueltos del delito de malversación.

La resolución dada a conocer este martes pone fin a un largo proceso que constituyó el caso más importante de corrupción del PSOE, que se saldó en la Audiencia Provincial de Sevilla con un total de 19 condenas por el uso irregular de casi 700 millones de dinero público. Ahora, los condenados en firme, entre los que encuentra también el expresidente Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Amparo o indulto alejarían la prisión

La condena impuesta a Griñán acerca su entrada a prisión, ya que aunque podría pedir la suspensión de la misma mientras se resuelve un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), normalmente este órgano no suele concederla si la pena excede los cinco años de prisión. También existiría la posibilidad de pedir un indulto al Gobierno.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, absuelve de prevaricación a los condenados Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina; mientras que modifica la condena impuesta a Juan Márquez Contreras, si bien mantiene los restantes pronunciamientos dictados en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Los argumentos no se conocerán hasta dentro de unos días, pues falta incorporar el voto particular de Polo y Ferrer, quienes abogaban por estimar parcialmente los recursos de Griñán pero también los de los condenados por malversación Miguel Ángel Serrano, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Durante la vista para la revisión de esta sentencia en el Tribunal Supremo, celebrada los pasados 4 y 5 de mayo, el fiscal Fernando Prieto abogó por la confirmación de todas las condenas impuestas. Relató de forma pormenorizada cómo se modificó el sistema presupuestario que existía antes de 2000 para repartir sin control el dinero público, según advirtieron los propios técnicos de la Junta: "Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada. ¡Cómo era posible eso'", ha subrayado ante el tribunal de cinco magistrados que deberá valorar los recursos de las defensas, que este miércoles argumentaron a favor de la absolución de todos los condenados.