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Andalucía cumplirá el decreto energético y se da tres meses para un posible recurso

El presidente, Juanma Moreno, asegura que no quiere abrir una «batalla judicial», aunque cree «probable» la invasión de competencias autonómicas

Antonio Sanz y Jorge Paradela, ayer. | EUROPA PRESS

La Junta de Andalucía cumplirá el decreto ley de ahorro energético que entra en vigor esta medianoche, pero tiene dudas sobre si invade competencias autonómicas, por lo que se da tres meses para que los servicios jurídicos lo estudien y decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional. En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, preguntado por si la Junta va a seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid, dijo que agotarán «todas las vías», que seguirán impulsando medidas de ahorro energético y que esperarán al informe del gabinete jurídico para un posible recurso.

Sí denunció que en la reunión de entre los consejeros autonómicos y las ministras para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, e Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, «no hubo diálogo, ni voluntad de rectificación ni de atender ninguna propuesta de las comunidades autónomas».

Por su parte, el consejero de Políticas para la Industria y Energías, Jorge Paradela, señaló que cumplirán la ley y que la Junta es «responsable» en la búsqueda del ahorro energético, pero ha insistido en criticar la «falta de diálogo» del Gobierno central antes de aprobar el decreto.

«El Gobierno impone actuaciones ni dialogadas ni consensuadas», dijo Paraleda, quien no comparte «ni el fondo ni las formas» del decreto, aunque ha recalcado que la Junta de Andalucía «nunca ha tenido dudas de cumplir con su responsabilidad en la búsqueda del ahorro energético».

Recordó que la Unión Europea consultó con los Estados miembros cómo alcanzar los niveles de ahorro y actúa «por la vía de las recomendaciones en las iniciativas privadas y la obligación en la administración pública», una forma de actuar que le hubiera gustado por parte del Gobierno.

El consejero también criticó que el decreto no haya tenido en cuenta ni las diferencias climáticas ni las «necesidades energéticas diferentes de las comunidades». No obstante, añadió que se queda con las palabras de Teresa Ribera tras la reunión de ayer que, según el consejero, dijo que el decreto «no está hecho para sancionar, sino para acompañar a la sociedad y a la economía en la búsqueda de la eficiencia energética».

El Consejo de Gobierno, además de analizar el decreto, ha estudiado las medidas que ya se han aplicado y las que se van a implementar desde la administración autonómica para reducir el gasto energético, con la «ambición», según Paraleda, de superar el 7 por ciento de ahorro que establece el decreto ley. En este sentido, recordó medidas como el contrato centralizado para la compra de energía para 5.000 puntos de la administración, con lo que en 2021 se ahorraron 1,3 millones de euros o un plan de inversiones de 27 millones para ahorrar energía en los edificios públicos.

A medio o largo plazo, el Gobierno andaluz aboga por el fomento del autoconsumo, aprobará un plan de inversiones, con fondos europeos, para la utilización de energías renovables, sustituirá los vehículos de combustión por eléctricos y aumentará los puntos de recarga en los edificios públicos.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró por su parte que no quiere abrir una «batalla judicial» en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de ahorro energético, aunque cree «probable» la invasión de competencias autonómicas, por lo que ha pedido al Gobierno que «vuelva» al diálogo y lo negocie con las comunidades y los sectores afectados. En declaraciones a la Agencia EFE, Moreno confirmó que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si hay o no invasión de competencias en unas medidas que considera un «trágala y una imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez.

«No soy partidario de una batalla judicial. Hay tiempo para que el Gobierno reaccione, vuelva al diálogo y negocie con las autonomías y con los sectores afectados», ha señalado.

El jefe del Ejecutivo andaluz marcó así distancia con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurrirá el decreto ley ante el Constitucional y ha negado que Ayuso esté «marcando el paso» político al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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