Un total de 8.736 licencias de taxis hay concedidas en Andalucía frente a 3.203 de vehículos de transporte con conductor (VTC), lo que arroja una ratio de 2,7 taxi por cada VTC, cuando hoy entre en vigor el decreto ley de la Junta que permite a estos vehículos que operan a través de las plataformas Cabify y Uber seguir prestando servicios en los núcleos urbanos.

Esta ratio está muy alejada de la que dicta la normativa estatal de un VTC por cada treinta taxis y con la que se compromete la Junta en el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, que regula este sector tras vencer la prórroga de cuatro años que el conocido como «decreto Ábalos» para que las comunidades autónomas legislen al respecto o, en caso contrario, los VTC tendrían que dejar de operar en las ciudades y pasar al ámbito interurbano, lo que supone prácticamente su desaparición.

En el decreto ley la Junta se compromete con la ratio de un VTC por cada treinta taxis que fija la norma estatal actual y a no dar más licencias mientras no se cumpla esa proporción, aunque actualmente la relación está muy alejada porque en 2009 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero liberalizó el sector y el Estado concedió muchas licencias de VTC, la mayoría avaladas los tribunales, han explicado fuentes de la Consejería, que han aclarado que la Junta no puede eliminar licencias concedidas por el Estado.

Según los datos facilitados por la Junta, en Andalucía hay 8.736 licencias de taxis y 3.203 de VTC con una distribución desigual por provincias ya que en algunas la implantación de las plataformas Uber y Cabify es muy reducida y, de hecho, se concentran en Málaga, donde hay 2.617 taxis y 2.330 VTC.

A mucha distancia le sigue Sevilla, con 412 licencias de VTC y 2.123 de taxis, lo que arroja una ratio de 5,1, y Granada, con 196 VTC por 852 taxis, con una proporción de 4,3. La menor presencia de VTC se da Jaén, con siete y 392 de taxis; Córdoba, con 18 y 753 de taxis; Huelva, con 58 y 382 taxis; Cádiz, con 93 y 1.124, y Almería, con 89 y 493 taxis.

La eliminación de licencias fue, junto con la precontratación por tiempo, una de las principales reivindicaciones de los taxistas en la negociación del decreto regulador de las VTC, pero la Junta ha dejado claro que no puede suprimir licencias concedidas por el Estado.

Además, el decreto no ha recogido la precontratación por tiempo por problemas de inseguridad jurídica, ya que, según la Consejería de Fomento, en las comunidades que lo han recogido los afectados lo han recurrido en los tribunales que se han pronunciado en distinto sentido, por lo que se está a la espera que el Tribunal Supremo siente doctrina al respecto, además de que ningún país contempla esta medida.

La Junta ha optado por fijar zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate y tampoco podrán circular por las calles buscando clientes.