El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno no tiene, por primera vez, tensión ni presión para sacar adelante sus Presupuestos. Para aprobar los de 2023 van sobrados, no necesitan a nadie, bastan los 58 diputados populares, tres más de la mayoría absoluta, que obtuvieron en las urnas. Sin embargo, las cuentas andaluzas para el próximo año mantienen a salvo las grandes conquistas de Vox en negociaciones pasadas.

El Presupuesto de la mayoría absoluta del PP sigue consignando un millón de euros para entregar subvenciones a asociaciones antiabortistas y consigna la misma cantidad que en ejercicios anteriores para el teléfono de violencia intrafamiliar. Fueron dos de las condiciones de Vox en el acuerdo de investidura con el PP y ambas partidas continúan intactas en las cuentas del próximo año, pese a que ese es un grupo ahora mismo irrelevante en la aritmética parlamentaria andaluza.

Según estos datos, las conquistas arañadas por la extrema derecha han venido para quedarse. El PP sostiene que fueron compromisos adquiridos, pero no cesiones a Vox, porque son políticas en las que cree, de ahí su continuidad, que desvincula de cualquier negociación política con el partido de Santiago Abascal. “Apostamos por el diálogo con todos los grupos políticos”, se limitan a defender desde el PP, dejando la puerta abierta a la negociación de enmiendas a su izquierda y su derecha.

Apoyo a la natalidad

En concreto, la partida de apoyo a la natalidad ha migrado de Consejería. Salió de Salud y va a Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. En el Programa de Atención a las Familias se destina una partida para “actuaciones de apoyo a la natalidad” y “actuaciones de apoyo a las familias”. La primera, gestionada por asociaciones sin ánimo de lucro, se dota con 700.000 euros. La segunda se deriva a ayuntamientos y tiene 300.000 euros. Es idéntico a lo consignado en 2021, cuando se incluyó por primera vez esa partida tras un acuerdo con Vox con el objeto de “ayudar a las mujeres embarazadas”.

En la práctica, esas cantidades fueron destinadas a asociaciones antiabortistas como Red Madre, que hasta entonces no se habían instalado en Andalucía. Las ayudas financiaron a asociaciones católicas y antiabortistas, con gran polémica en algunos casos, porque eran las mismas asociaciones que acudían a las puertas de las clínicas abortistas a disuadir a las mujeres que decidían interrumpir su embarazo.

El PSOE enmendó esa partida para destinar el millón de euros a contratos sanitarios, según explicó en su momento. El total del programa de atención a las familias cuenta con 4,5 millones de euros. Un millón para apoyar la natalidad y otros 3,5 millones en transferencias directas de ayudas al nacimiento.

Asesoría al embarazo

El acuerdo con Vox incluía un punto que consignaba ayudas a "entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años". No se mencionan las asociaciones antiabortistas, aunque luego la adjudicación de subvenciones ha primado a estas organizaciones.

“Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres […] Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán, por tanto, de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano”, se pactó con Vox en otro punto del acuerdo presupuestario de 2021.

El otro trofeo que Vox logró en las cuentas, lo pactó en septiembre de 2019 y entró en funcionamiento un año más tarde, en octubre de 2020, fue el teléfono de violencia intrafamiliar. El partido de Abascal logró que la Junta incluyera una partida presupuestaria para montar este servicio de atención a las víctimas que asume la denominación de Vox, que niega que la violencia de género exista y apela a esa fórmula para incluir agresiones de todo tipo dentro del ámbito familiar, de mujeres a hombres, hijos a padres o abuelos.

La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha defendido que ese teléfono siga funcionando en Andalucía en paralelo a servicios concretos para las mujeres víctimas de agresiones dentro de la pareja o por sus exparejas. “La lacra de la violencia machista existe”, admitió López, desmarcándose del discurso negacionista de Vox. Sin embargo, la consejera del PP defendió que mantendrán el teléfono de violencia intrafamiliar porque “hay que combatir todas las violencias”.

El número de violencia intrafamiliar (900 300 003) tuvo un pobre balance en llamadas y el teléfono de atención a la mujer (900 200 999) multiplica con mucha diferencia las peticiones de auxilio. Según el último dato que da la Junta, el teléfono recibirá en 2023 un total de 67.676,25 euros, dentro de la partida destinada a la Teleasistencia. Desde su inicio, ha recibido 1.421 comunicaciones. El de atención a la mujer supera las 30.000 llamadas al año, 111 al día.

Recorte en memoria democrática

El acuerdo con Vox para sacar adelante el presupuesto de PP y Cs también acordó recortar las ayudas a las asociaciones dedicadas a la memoria democrática. El Gobierno aprobó una modificación en la línea de subvenciones, dependiente de la Consejería de Cultura, que reducía a un máximo del 20% el dinero que se destine a mantener gastos corrientes y estructurales de estas asociaciones. Sigue igual, con una “ligerísima” caída de las subvenciones otorgadas. Es otro cambio pactado con Vox que se mantiene. Las asociaciones memorialistas recibirán en Andalucía 30.000 euros en 2023, 20.000 las universidades para realizar trabajos relacionados con la ley de memoria histórica y 334.119 se destinan con ese fin a los ayuntamientos andaluces.

Los partidos de la izquierda, PSOE y Por Andalucía han anunciado una enmienda a la totalidad de las cuentas que se debatirá en pleno la próxima semana. Vox, que se abstuvo en la votación de investidura de Moreno, no presentará en esta ocasión esa solicitud para que no se tramiten las cuentas y negociarán enmiendas parciales. Ahora que son irrelevantes en el juego de mayorías del Parlamento andaluz han suavizado sus posiciones y claman por el foco mediático que tenían entonces.

En los anteriores ejercicios, cuando el Gobierno de PP y Cs tenía que apoyarse en Vox para gobernar, el partido de extrema derecha sí presentaba enmiendas a la totalidad. Era su órdago para negociar y poner sus condiciones a las cuentas, manteniendo el suspense hasta el último minuto. Las registraban y luego las retiraban al lograr poner su sello en las cuentas. Salvo en 2021, cuando las mantuvieron para las cuentas de 2022, lo que tumbó el proyecto de ley, obligó a una prórroga presupuestaria y justificó el adelanto electoral a junio.

En esta ocasión, Vox no ha registrado enmienda a la totalidad y su portavoz, Manuel Gavira, aseguró que aunque no creen que sean las cuentas que Andalucía necesita harán “un esfuerzo” y presentarán “innumerables enmiendas”. Para blindar las conquistas que arañaron en anteriores negociaciones no hará falta porque ya las ha consignado de forma directa el PP. Es poco dinero en un presupuesto expansivo de 45.603,8 millones, 5.199,6 más que el vigente, pero sí logros muy simbólicos.