La Junta se opone a la petición de una moratoria para proyectos renovables

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía manifestó ayer su criterio desfavorable a la toma en consideración de una proposición de de los ayuntamientos en defensa de los espacios protegidos que reclama una moratoria para «megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía» y su disconformidad a tramitarla en el Parlamento autonómico.

La iniciativa legislativa municipal, promovida por 70 ayuntamientos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, plantea que dicha moratoria «comprenderá la suspensión de cuantos procedimientos de instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estén tramitando», con la excepción de «las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 megawatios vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria». De los 70 consistorios, casi medio centenar pertenecen a la provincia de Málaga. En el acuerdo adoptado ayer, el Gobierno andaluz asegura que «comparte plenamente» que el desarrollo e implantación de proyectos de energías renovables en la comunidad debe venir acompañado de la salvaguarda de los intereses medioambientales, territoriales, culturales y sociales, pero considera que esta circunstancia queda garantizada ya a través del procedimiento actual de tramitación de este tipo de iniciativas, «que es transparente y participativo, vela por el respeto a la sostenibilidad y por una adecuada integración en el entorno para maximizar la creación de valor y generar un positivo impacto socioeconómico».

En concreto, la Consejería de Política Industrial y Energía explica que la tramitación de plantas de generación renovable se ajusta a la legislación básica estatal recogida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por lo que el Gobierno andaluz «no tiene competencias para la suspensión de los procedimientos de autorización, por lo que establecer una moratoria como pretende la iniciativa legislativa municipal solo competería al Gobierno de la Nación». Frente a ello, el Ejecutivo andaluz sostiene que el procedimiento de tramitación de este tipo de proyectos es «transparente, participativo y riguroso», ya que antes de recibir autorización para su implantación, requieren de una autorización ambiental y su ubicación tiene en cuenta posibles afecciones y debe ser compatible con la planificación territorial. Por tanto, los proyectos se someten a información pública y consultas a entidades afectadas.