Juanma Moreno rectifica la orden de tarifas en la sanidad: limita a "emergencias" concertar con la privada

Una semana después de que se publicara por primera vez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Gobierno andaluz ha rectificado la orden que regula las tarifas para concertar con la sanidad privada y que había abierto un primer frente de erosión importante al presidente Juan Manuel Moreno, con los sindicatos en pie de guerra y amenaza de volver a un calendario de huelgas. Desde Presidencia, que no desde Salud, informaron de que se había modificado el texto para introducir "una aclaración".

La orden garantiza ahora expresamente "el aseguramiento público y gratuito para el usuario de la prestación asistencial, acudiendo la administración a la colaboración privada para la prestación de la misma, sólo, en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias, salvaguardando en todo caso la naturaleza pública de la cobertura, tanto en atención primaria como en hospitalaria". Es decir, el añadido introducido a la orden acota los casos en los que se hará conciertos con la privada y deja claro que solo se usará en momentos muy concretos.

El SAS publica la nueva orden que fija las tarifas para concertar consultas de Atención Primaria con la sanidad privada

El Gobierno andaluz mueve ficha después de que los sindicatos de la sanidad en Andalucía hubieran advertido de que esa orden podría tener consecuencias. Desde el primer momento CCOO, UGT o CSIF arremetieron contra la norma y en los últimos días se sumó también el Sindicato Médico de Andalucía, el más representativo, advirtiendo de que no tenía sentido abrir la puerta por primera vez a los conciertos en la atención primaria. Con un añadido, concertar por ejemplo una consulta con un médico de la privada costaba siete veces más que pagar una hora extra a un facultativo de la pública.

Modificaciones

El presidente andaluz ha decidido introducir esa modificación para tratar de apagar un incendio que empezaba a estar descontrolado. La orden renovaba las tarifas en los precios para los conciertos desde la Junta de Andalucía con la sanidad privada, la norma vigente era de 1998 y estaba hasta en pesetas. Sin embargo introducía novedades importantes y ahí ha estado la polémica. Por primera vez abría la puerta a conciertos en la atención primaria, en un momento de tensión y colapso para los médicos de familia, y habilitaba la posibilidad de que los médicos de las aseguradoras privadas pudieran prestar sus servicios en instalaciones públicas del Servicio Andaluz de Salud, con un ahorro en lo que pagaba la Junta del 35% sobre las tarifas establecidas.

Hasta que se ha anunciado esa aclaración en el texto de la orden, publicada en BOJA de nuevo este mismo jueves, el Gobierno andaluz había trasladado que no iba a modificar "absolutamente nada" y en el entorno del presidente se consideró que cambiar el texto sería "darle una victoria a la oposición". Ese posición ha virado para calmar las aguas en un momento electoral y cuando en Madrid la huelga de los sanitarios sigue enquistada, causando un 'efecto contagio', según analiza la propia Junta de Andalucía, al resto de España.

Decretos anteriores

En la comunidad andaluza dos decretos, aprobados por el PSOE y que durante esa etapa socialista fueron usados como argumentos para explicar por qué se concertaba con la privada, fija tiempos máximos de espera para pasar por quirófano y para una consulta diagnóstica. Esos decretos de garantías en los tiempos de espera fijan 60 días de máximo para la cita con el especialista y 180 días naturales para una intervención quirúrgica.

El Gobierno del PP ahora justifica que se renueven las tarifas para los conciertos para blindar el coste de esos servicios y echando mano a lo ocurrido con las clínicas Pascual, que prestan los servicios de la sanidad pública en la costa de Cádiz. La falta de regulación de precios provocó un conflicto judicial que heredó el PP del PSOE y que ha acabado en los tribunales con un coste de 150 millones de euros para las arcas públicas.