La ley sobre Doñana prevé legalizar casi 2.000 hectáreas de regadíos clandestinos, según un informe

La organización ambiental WWF ha asegurado que la proposición de ley de PP y Vox que tramita el Parlamento andaluz sobre la Corona Norte de Doñana podría "llegar a legalizar una superficie de hasta 1.903,7 hectáreas", es decir, "mucho más del doble de las hectáreas de las que hablan sus promotores". Además, ha afirmado que "el 70% de las hectáreas de secano no se habían regado nunca antes del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Pota)".

Una investigación realizada por WWF mediante el seguimiento de imágenes de satélite con los cambios y la evolución de estos regadíos desde hace más de una década calcula que hasta 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales, ubicadas en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se beneficiarían de la proposición de ley, según ha explicado en rueda de prensa el responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz.

Esta superficie que calcula la organización proviene de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. En ambos casos, "transformados ilegalmente" entre 2004 y 2014. Según ha detallado el coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, la norma habla de "dos actuaciones, por un lado, el suelo de secano que pasa a ser agrícola de regadíos y, por otro, suelos forestales que pasa a ser de regadíos", todos ellos "de manera ilegal".

Al respecto, según ha abundado Carmona, 1.432,4 hectáreas calificadas de secano, pero que "regaron en algún momento entre 2004 y 2014", pasarían a ser convertidas en suelos agrícolas regables.

Por otro lado, Carmona ha detallado que con la proposición de Ley viene aparejada "la modificación de la Ley Forestal de Andalucía", que "afectaría no sólo a Doñana, sino a toda la comunidad", por lo cual "hasta 471,3 hectáreas ilegales en zona forestal, es decir, en zonas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y frutos rojos", además de que ha señalado que la Proposición de Ley "califica estas hectáreas primero como suelos agrícolas y, como se comenzaron a regar entre 2004 y 2014, las convierte, en un segundo paso, en suelos agrícolas de regadío".

"No hay recursos ni van a existir en un futuro"

"Con esta ley se aumentará la superficie de regadío en un 20% y, por tanto, la presión sobre la exhausta Doñana como le ha recriminado la Comisión Europea, ya que no hay recursos para esta superficie y no van a existir en un futuro", ha reprochado Carmona.

Asimismo, el coordinador para Doñana de WWF ha alertado de que la norma establece "un único requisito, es decir, bastaría una sola campaña de riego entre los años mencionados para dejar de ser un suelo de secano y pasar a regadío multiplicado hasta por diez su valor de mercado".

Asimismo, según este análisis, WWF ha subrayado que "a partir del 2004, año en el que se aprobó el POTAD (el plan que ordena el territorio en Doñana y establece los límites donde no se permiten nuevos cultivos de regadío), se multiplicaron las hectáreas en regadío, sabiendo los ilegales que estaban vulnerando la ley y que tendrían que extraer ilegalmente agua del acuífero para cultivar fresas y frutos rojos. De hecho, de acuerdo a las pruebas obtenidas por WWF durante la investigación, el 70% de estas hectáreas de secano no se habían regado nunca antes del POTAD".

"La ley anti Doñana es inaceptable, supone una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno, y supondrá un enorme negocio especulativo ya que se multiplicará el valor de sus tierras de secano.", ha afirmado, por otro lado, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.

Asimismo, la organización ambiental ha expresado que estos datos "ya son públicos" y serán enviados a los grupos parlamentarios e incluso a la Comisión Europea, toda vez que han reiterado que su solución pasa por "la ejecución del Plan de la Fresa en su ejecución actual".

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