La Junta destina 87,4 millones para concertar pruebas diagnósticas con la privada y reducir las listas de espera

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación, por un importe de 87.439.980 euros, IVA incluido, el acuerdo marco «por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas a usuarios» del SAS en centros sanitarios y servicios privados de la comunidad autónoma de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas.

El objetivo de esta licitación es poder derivar a centros sanitarios privados la realización de ciertas pruebas diagnósticas para tratar de reducir las listas de espera que taponan el sistema sanitario público andaluz. El valor total del contrato asciende hasta los 201.111.954 euros, ya que la duración del acuerdo se extiende a dos años con posibilidad de prorrogarse por otros dos más. 

Concierto para las pruebas más prevalentes

La licitación se divide en 34 lotes donde están agrupadas las pruebas diagnósticas que más listas de espera generan, como son las endoscopias, colonoscopias, polipectomía endoscópica, ecografías y doppler, resonancias magnéticas (RM), tomografía axial computerizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET-TAC), electromiografía, mamografía, gammagrafía y la lectura y emisión de informes de los procedimientos radiodiagnósticos (RM, TAC y PET-TAC). 

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Falta de recursos suficientes

Según justifica la Junta de Andalucía en la memoria del proyecto, estos conciertos son necesarios «por carecer de medios propios suficientes para realizar las distintas actividades y pruebas diagnósticas».  Asimismo, señalan que la experiencia de los últimos años evidencian la necesidad de acudir nuevamente a la contratación de estos servicios para poder cumplir los plazos de garantía en pruebas diagnósticas y dar respuesta a la protección del derecho a la salud. 

Sindicato Médico de Málaga

Aunque desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) afirman que las colaboraciones siempre han sido positivas, «porque los recursos de la administración están por debajo de las necesidades de la población», no entienden que no haya presupuesto para incentivar a los profesionales del SAS, pero sí para dar a la privada. «Primero vamos a ofrecerlo en casa y sacar el máximo rendimiento a nuestros trabajadores que tengan voluntariedad de colaborar.  Y si no se puede en casa, porque no tenemos el personal, aparatos o quirófanos, vas a apoyarte en la privada», afirma su presidente, Antonio Martín, que recuerda la existencia de las continuidades asistenciales y del autoconcierto.

Desde la Junta recuerdan que desde hace años se ha recurrido a este proceso para poder cumplir con las necesidades de la población. «En función de las competencias atribuidas, de las necesidades asistenciales y del presupuesto disponible, se han venido manteniendo durante años diversos contratos de prestación de asistencia sanitaria especializada, de carácter complementario a los facilitados con medios propios, con diversas empresas, titulares de centros homologados en Andalucía (...), ante la necesidad de la Administración de una adecuada asistencia a usuarios del SAS y con carácter complementario de los servicios propios», afirman en la memoria del proyecto. 

Dos años con posibilidad de prórroga

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo explica que la duración de dos años, más la posibilidad de prórroga, para este acuerdo marco se debe a que proporciona «estabilidad y certidumbre a largo plazo para los proveedores de la prestación de la asistencia sanitaria complementaria y para la Administración», algo que les permite planificar sus actividades y recursos con anticipación, que a su vez se traduce en que una posible mejora de «la eficiencia y la efectividad de los servicios sanitarios». 

Asimismo, argumentan que esta duración puede ayudar «a reducir estos costos y el tiempo necesario para llevar a cabo procesos de licitación», además de ofrecer cierta flexibilidad para adaptarse a los cambios en las necesidades de los pacientes.

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Los servicios que podrán derivarse, según abunda la memoria justificativa, son «prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud establecida por Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, a realizarse por un centro hospitalario homologado y cuyos objetos de contratación radicaban en la contratación de estancias médicas --enfermos pluripatológicos y paliativos--, intervenciones quirúrgicas con hospitalización, cirugía mayor y menor ambulatoria, pruebas diagnósticas, así como terapias oncológicas de radioterapia».