Financiación autonómica

La Junta de Andalucía rechaza "la oferta trampa" de la quita de deuda

La consejera Carolina España confirma el voto contrario en el Consejo de Política Fiscal y señala que es un "traje a medida para tapar otro chantaje del independentismo"

La consejera portavoz Carolina España

La consejera portavoz Carolina España / Europa Press

Javier Alonso / Victoria Flores

Sevilla

La Junta de Andalucía tiene claro que rechazará la propuesta de quita de deuda del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal. Con independencia de la cuantía que se asigne a la comunidad autónoma, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, subraya que se trata de una "oferta trampa" y de un "traje a medida" para Cataluña que se intenta "tapar" a través de la ampliación de esta iniciativa al resto de comunidades autónomas.

Chantaje

"Andalucía no va a ser cómplice de este nuevo chantaje. Quieren vestir con este mecanismo un chantaje más de los socios independentistas", explicó la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien justificó el voto contrario a Andalucía en dos cuestiones. En primer lugar, que la Junta "no tiene un problema de deuda" y que por tanto la cantidad que se reste del endeudamiento andaluz a través de esta vía no supone un beneficio tan relevante para Andalucía y sí para otros territorios como Cataluña.

En segundo lugar, en el hecho de que la prioridad andaluza es la financiación autonómica y ésta no se va a incluir en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No aparece en el orden del día y por tanto no se reparan las injusticias que sufre Andalucía. Se ha confirmado que María Jesús Montero no nos va a ofrecer una reforma del sistema de financiación porque no lo piden ni ERC ni Junts".

En el comité técnico previo al Consejo de Política Fiscal sí se abordó la mejora del sistema de entregas a cuenta aunque en este punto no hubo consenso ni entre comunidades ni entre éstas y el Gobierno de España. De hecho, Andalucía, entre otras, instaron al Ministerio a presentar un modelo de reparto general de recursos entre Estado y autonomías para posteriormente entrar a debatir los criterios de distribución.

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