Ferrocarriles, IRPF y migraciones: las competencias que reclama Cataluña y podría obtener Andalucía

Hace más de una década que el Estatuto de Autonomía de Andalucía está congelado. El Estatuto andaluz, la guía de su autogobierno y la máxima norma autonómica, es uno de los más amplios que hay. Cuando la Junta reformó el texto en 2006, los políticos andaluces rechazaron conformarse con menos de los que tuvieran los catalanes. De hecho, Andalucía es la segunda comunidad que más competencias ha obtenido (155) solo por detrás de la Generalitat, que roza las 200. Han pasado casi 20 años desde entonces, pero, mientras en Cataluña hay un debate constante con el Estado para exigir más competencias, esas negociaciones no se producen en el caso andaluz.

La cesión de competencias se ha dado siempre de forma igualitaria entre las comunidades autónomas. Este es el caso de la policía autonómica, puesto que todos los territorios tienen responsabilidades en cuestiones de seguridad, aunque en Andalucía se reduce a la policía adscrita. Esto no quita que comunidades con características concretas, como las Islas Canarias o las Islas Baleares, tengan una serie de responsabilidades por su condición insular. Sin embargo, las exigencias de los catalanes y los vascos y su poder en el Congreso ha hecho que avancen más rápido.

"Este Gobierno aspira a las mayores cotas de autogobierno", defendió el pasado 19 de febrero el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que insistió en que el Gobierno andaluz quiere "desarrollar el Estatuto de autonomía en toda su extensión", sin embargo, se preguntó: "¿La financiación para llevarlo a cabo?, ¿quién la pone?". El dirigente popular denunció que "no se puede ampliar la cartera de recursos a los andaluces si no se cuenta con los recursos necesarios" y vinculó las competencias y la financiación como "dos caras de la misma moneda".

Cataluña avanza mientras Andalucía no pide nada

Según la Constitución, "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". En realidad, la Junta puede reclamar al Estado todas aquellas competencias que no recoge el Estatuto y que pueda negociar con el Estado, a excepción de algunos campos que dependen en la actualidad de la Unión Europea.

El Gobierno de España espera ceder a Cataluña hasta 50 competencias a lo largo de la legislatura. Entre las primordiales, que se están negociando en los últimos días, está el traspaso de Rodalies, su red ferroviaria, pero este no es la única petición de la Generalitat. El Gobierno de Salvador Illa confía en poder recaudar los impuestos de la comunidad y Junts insiste en reclamar la cesión de las competencias migratorias.

Sanz sacó pecho de los últimos movimientos del Gobierno andaluz en esta dirección, como la actualización del acuerdo de la policía adscrita. Además, la Junta ha conseguido la cesión de tres montes. Esta ha sido la primera vez que se ha convocado la comisión mixta para el traspaso de competencias en esta legislatura. "Nos han citado por primera vez en esta comisión desde el año 2014 y, sin embargo, no nos han citado ni para hablar de competencias sobre la red ferroviaria ni para el traspaso del profesorado de religión que lleva décadas pendientes", lamentaba el consejero tras el acuerdo. Aunque los socialistas reclaman también las autorizaciones para el trabajo de personas extranjeras o la corresponsabilidad fiscal.

Las competencias en ferrocarriles

Los trenes de Cercanías se revelaron, con los descuentos en el transporte, como uno de los medios con más capacidad de crecimiento en el territorio. Las ayudas para los viajeros habituales y el Verano Joven hacen difícil encontrar billetes para moverse entre las localidades de la comunidad. "Es una señal clarísima de que es el medio de transporte del futuro, porque es barato, no contamina, es sostenible, es público, ahorra emisiones, por todo", defiende el diputado socialista Mario Jiménez, que exige al Ejecutivo andaluz "que ponga en marcha los trabajos técnicos en el seno del Gobierno y que ponga en marcha un proceso de diálogo".

Por el momento, el pleno del Parlamento ha aprobado en dos ocasiones–con los votos de PP, Adelante y Por Andalucía, la abstención del PSOE y el no de Vox– solicitar la transferencia de las competencias de los ferrocarriles de cercanías. Según el Estatuto, la Junta puede tener la responsabilidad de los trenes "la participación en la planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal de Andalucía en los términos previstos en la legislación del Estado", como ha hecho Cataluña. Sin embargo, el Gobierno autonómico no ha dado ningún paso adelante en este aspecto.

El problema es que para poder obtener nuevas responsabilidades, el Gobierno de Moreno debe abrir un diálogo con el de España. La situación de polarización que atraviesa en estos momentos la relación entre ambas administraciones, especialmente tras el nombramiento de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como secretaria general del PSOE-A, aleja la posibilidad de negociaciones.