Andalucía debería haber recibido más de 35 millones extras de financiación del Estado

"La financiación adicional que hubiera percibido Andalucía, en términos acumulados en el periodo 2010-2021, si hubiera percibido la transferencia por corrección del desequilibrio vertical, ascendería a 35.549,4 millones de euros en todo ese periodo, lo que supone un 15,55% del total de financiación real que ha percibido Andalucía en dicho periodo".

Ésta es una de las conclusiones de un proyecto de investigación, titulado 'Estudio y estimación del desequilibrio vertical del sistema de financiación de las comunidades autónomas', cuyo autor es el profesor titular de Economía de la Universidad de Sevilla, Pedro Atienza.

El autor explica que ha hecho "una simulación cuantitativa de cuál habría sido la financiación de cada una de las comunidades de régimen común en los años 2010 a 2021 si se hubiera corregido el desequilibrio vertical" y que su trabajo parte de las directrices del dictamen de la Comisión de Hacienda del Parlamento de marzo de 2018 sobre 'el Informe del Grupo de trabajo relativo a financiación autonómica'.

Servicios públicos

En este dictamen se decía en el apartado de Recursos para sostener el Estado del Bienestar que "en el caso de Andalucía la insuficiencia para financiar el mínimo gasto registrado en servicios públicos fundamentales se situaría entre un rango de 3.300 y 3.400 millones de euros", para seguidamente precisar que "si añadimos las necesidades estimadas e insatisfechas en el resto de servicios, el intervalo total (servicios públicos fundamentales y resto de servicios) se encontraría en torno a los 4.000 millones de euros".

El desequilibrio vertical se define en la financiación como la falta de recursos procedentes del Estado, mientras que el horizontal es el relativo a la solidaridad entre comunidades autónomas.

El trabajo, al que ha accedido Europa Press, forma parte del Plan de Investigación anual del Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (IEHPA), una fundación pública participada por la Junta de Andalucía y cinco universidades andaluzas: Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide de Sevilla.

El trabajo recuerda que 2009 fue el año base para repartir recursos entre las comunidades del modelo de financiación del quinquenio 2009-2014.

Los años objeto de este trabajo de investigación se corresponderían con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (abril de 2008-diciembre de 2011), de Mariano Rajoy (diciembre de 2011-junio de 2018) y de Pedro Sánchez (junio de 2018-actualidad).

Deuda desglosada

Una lectura política de los números desglosados por año que hace el autor llevaría a imputarle a cada presidente del Gobierno su parte proporcional en la factura total de 35.594,4 millones en que el profesor de la Universidad ha calculado que debería haber recibido Andalucía.

En el caso de Zapatero se le atribuiría 3.702,18 millones más que debió destinar a Andalucía en 2010 sobre las transferencias de ese ejercicio, que fueron 18.312,86 millones, y debieron ser entonces 22.015,05 millones.

En 2011 Andalucía debió devolver al Estado 1.929,2 millones. Su financiación real fue de 17.594,60 millones y debió ser, con esa corrección, de 15.665,4 millones.

22.000 millones, a Rajoy

A Rajoy se le podría atribuir una factura a favor de Andalucía de 23.983,51 millones, correspondientes a los ejercicios 2012 a 2018, aunque de este último sería un semestre, por cuanto Sánchez empezó a ser presidente en junio tras la moción de censura y el débito de ese ejercicio, que fue de 3.631,40 millones, se puede dividir por dos, y rebajar en 1.815,7 millones esa cuenta imputable a Rajoy, que quedaría entonces en 22.167,51 millones.

En el caso de Sánchez su factura sería de 11.608,57 millones, incluidos ahí los 1.815,7 millones del ejercicio 2018 que compartió a medias con Rajoy.

El desglose por años que hace Pedro Atienza indica que en 2012 Andalucía tuvo que haber recibido 2.890,35 millones más, recibió 16.945,60 millones y debieron ser 19.835,96 millones.

3.790,65 millones extras tendrían que haber llegado en 2013 para llegar a una financiación de 20.144,72 millones cuando los recursos transferidos fueron 16.354,07 millones.

Pedro Atienza calcula una merma de 2.923,30 millones en 2014, diferencia entre los 17.371,17 millones recibidos y los 20.294,47 millones que debieron llegar.

3.127,53 millones fue la diferencia de recursos en 2015, el saldo entre los 18.416,08 millones de financiación real y los 21.543,61 que se debieron recibir para corregir la infrafinanciación.

3.822,05 millones fue en 2016, la diferencia entre los 18.941,92 millones percibidos y los 22.763,98 millones necesarios.

3.798,23 millones contabiliza en 2017 como déficit andaluz; 3.631,40 millones en 2018; 2.908,35 millones en 2019; 4.108,44 millones en 2020; y 2.776,08 millones en 2021.

Metodología

Atienza explica que en el cómputo del gasto del Estado descarta el de pensiones o las prestaciones por desempleo y en el caso de las comunidades desecha las partidas donde ejercen de intermediarias de una transferencia, o de forma genérica el gasto financiero.

En el caso de las pensiones contributivas explica que "las cotizaciones son un instrumento de financiación finalista de las pensiones contributivas y al que las comunidades autónomas no tienen acceso, están excluidas del sistema de financiación autonómica, por lo que deben descartarse del análisis del equilibrio vertical. En consecuencia, la Seguridad Social debe excluirse".

Precisa que "el déficit público hay que deducirlo en el cómputo del gasto estatal y autonómico relevante en la estimación del desequilibrio vertical", por cuanto precisa que éste dispone de un instrumento específico para su financiación, "la deuda pública, la cual, strictu sensu, no forma parte del modelo de financiación autonómica".

Conclusión

Concluye entonces que "sólo vamos a considerar, a efectos de la estimación del desequilibrio vertical, la financiación por tributos y por transferencias".

El profesor de Economía de la Universidad de Sevilla utiliza en su cálculo como referencia el gasto por habitante y por habitante ajustado, el parámetro que se utiliza en el modelo de financiación.