La Junta de Andalucía aprueba su decreto de vivienda con Vox y defiende la subida de los límites de renta y de los precios de las VPO

La mayoría absoluta del PP ha conseguido aprobar este miércoles el plan de choque del Gobierno andaluz para luchar contra el problema de la vivienda que padece la comunidad autónoma. La negativa en bloque de la izquierda y las críticas de Vox, que han acusado al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno de "favorecer la especulación" no ha servido para frenar un decreto de ley que entrará en vigor el día después a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La principal medida que el decreto plantea es la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los próximos cinco años. Además, entre los puntos que más polémica han causado entre los grupos de la oposición está la flexibilización de los requisitos para acceder a estas viviendas, que suben los salarios anuales necesarios a los 58.800 euros, o el aumento del precio de las viviendas protegidas en algunas capitales como Sevilla o Huelva.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que el plan de choque viene a resolver el principal problema de la vivienda en Andalucía, que es la "falta de suelo disponible". Así, se ha defendido de las principales críticas de la oposición y ha subrayado que la ampliación de los requisitos de límites de rentas y la subida de los precios de las VPO "van a permitir que se construyan más y que haya más beneficiarios".

"La ley de vivienda de Pedro Sánchez ha traído el colapso", ha insistido también Díaz, que ha sido muy crítica con las medidas del Gobierno de España para atajar este problema y ha señalado que "frente a la inacción del PSOE, frente a esas leyes inútiles, los andaluces tienen un gobierno que legisla sin miedo". Ante esto, la popular ha asegurado que la Junta "no improvisa" y que "el Gobierno andaluz ha triplicado la construcción de VPO en Andalucía".

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Esta aprobación ha venido precedida de semanas de anuncios por parte del presidente de la Junta y la consejera e incluye también la posibilidad de cambiar de forma automática usos del suelo siempre que de esta forma se favorezca la construcción de VPO y facilitará el acceso a estas viviendas. Además, se suma a otras medidas desarrolladas por otras consejerías para facilitar el acceso a la vivienda como las rebajas fiscales que, según la consejera de Hacienda, Carolina España, supondrá "un ahorro de 300 millones de euros para los contribuyentes que quieran comprar una casa".

En realidad, este decreto es un avance de la ley de vivienda que prepara la consejería y que confían aprobar en 2026. Sin embargo, desde el PSOE, la diputada Isabel Ambrosio, ha exigido que el plan de choque, que ha definido como "batiburrillo", se tramite también como una proyecto de ley porque, en su opinión, "llega demasiado tarde". "Después de seis años y medio seguimos esperando un proyecto de ley", ha recordado la socialista, que le ha preguntado a la consejera "qué ha hecho la consejería de vivienda durante este tiempo".

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El decreto ha conseguido poner de acuerdo a Por Andalucía y a Vox, que aunque ha votado a favor, ha rechazado todas las medidas del decreto. Ambas formaciones han lamentado que, con el plan de choque, las VPO "están prácticamente al mismo precio que el mercado libre". "Aquellos andaluces que reclaman vivienda social deberían esperar unos 80 años para poder acceder a una vivienda", ha lamentado el diputado de extrema derecha, Ricardo López Olea. También José Manuel Jurado, de Podemos, ha incidido en que "las VPO sobrepasan los 250.000 euros" y que, además, "de aquí a 10 años volverá a haber una burbuja especulativa porque pasarán al mercado libre"