La Junta de Andalucía rechaza el plan estatal que supondrá la ampliación de sus plazas para menores inmigrantes

Andalucía cuenta con 645 plazas disponibles para menores inmigrantes, un dispositivo que se encuentra prácticamente al límite. El motivo de esta situación no son las llegadas a las costas de Almería, Granada o Cádiz que han descendido en los últimos años y se encuentra muy debajo de la crisis de 2018. La situación ahora se debe a los traslados que se están produciendo desde Canarias y Ceuta, sea previo acuerdo con la Junta (en torno a una treintena de casos desde la ciudad autónoma) o sea a través de llegadas de inmigrantes llegados a las islas que una vez en la península se constata que son menores (la Junta los cifra en más de 600).

En el debate que lleva meses abierto en torno a los traslados desde Canarias, la Junta de Andalucía ha fijado su posición en torno a tres cuestiones. La primera ha sido defender la "solidaridad" y por tanto distanciarse de un discurso que implique no aceptar la llegada de menores. La segunda ha sido reclamar financiación. Y la tercera que el sistema que se arbitre se negocie entre las comunidades y recoja la realidad andaluza, que podría llegar a una situación de emergencia como la que tienen en estos momentos Canarias o Ceuta tal y como ocurrió hace siete años.

La Junta de Andalucía, tal y como están haciendo todos los gobiernos del PP, rechaza de plano la modificación por decreto de la ley aprobada por el Consejo de Ministros este martes. Sin llegar a anunciar un recurso, como ya ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ("está en estudio", se limitó a decir) sí expresó un rechazo contundente a un decreto que en la práctica obligará a Andalucía a aumentar sus plazas disponibles para menores inmigrantes y a acoger un mayor número de traslados desde Canarias. En el otro lado de la balanza, por primera vez, sí se abre la posibilidad de que si un territorio como Andalucía se ve desbordado como ahora Canarias (el número de menores supera tres veces las plazas existentes) podrá forzar que los niños, niñas y adolescentes sean trasladados a otros territorios.

El rechazo andaluz se centra en primer lugar en las formas. La Conferencia sectorial reunió al Ministerio y a las comunidades autónomas este lunes y en ella no se abordó un decreto que aprobó un día después el Consejo de Ministros. A esto hay que añadir que ha sido Junts quien ha anunciado la aprobación de esta normativa incidiendo en que deja a Cataluña prácticamente sin obligación de acoger más menores inmigrantes.

"Estamos ante la enésima cesión de Junts. Quien decide el pulso del país.Qué manera de gobernar es esta. Es un desastre. No vamos a aceptar imposiciones. Ellos han decidido que Cataluña tenga 20 o 30 menas y el resto que nos apañemos. Nosotros pedimos en inmigración que tengamos una política de estado, que garantice nuestras fronteras y que garantice atención a los menores acompañados. No podemos aceptar que Puigdemont decida cuántos menores acompañados deben llegar a Andalucía", apuntó el presidente andaluz, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente gallego, Alfonso Rueda.

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La Junta de Andalucía, además, incidió en la saturación de los recursos existentes así como en la "falta de reconocimiento" por parte del Gobierno central de los más de 600 menores que supuestamente han llegado a la comunidad autónoma con apariencia de mayoría de edad.

"No nos pueden mandar inmigrantes que son personas de forma despersonalizada. Tenemos que asumirlos de la noche a la mañana. Y hay límites presupuestarios. No los pueden enviar como si fuera Amazon", apuntó el presidente recurriendo a una expresión empleada habitualmente por su consejera de Inclusión Social, Loles López.

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Los límites del nuevo decreto

El decreto establece una serie de criterios que deben cumplir las comunidades en cuanto a las plazas disponibles para menores inmigrantes: "La capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las Comunidades Autónomas antes del 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia", recoge el decreto.

A partir de ahí, esta capacidad fija la base a partir de la cual se puede entender que una comunidad está saturada. Si hay un nivel de personas menores inmigrantes que triplica las plazas existentes habrá saturación y se pueden pedir traslados a otras comunidades autónomas, criterio que ahora cumplen Canarias o Ceuta y Melilla.

Esos menores que deben ser trasladados se distribuirán de forma obligatoria entre comunidades en función de otra serie de criterios fijados por decreto según parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).