Tribunales

La Junta se persona en el caso de los ERE para elevar la presión al Constitucional

El presidente andaluz anuncia que la Administración autonómica volverá a presentarse como parte perjudicada: «Tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones»

Juanma Moreno, ayer, con López Miras, en el Comité Ejecutivo del PP.

Juanma Moreno, ayer, con López Miras, en el Comité Ejecutivo del PP. / EP

J.A.

Sevilla

La Junta de Andalucía quiere incrementar la presión sobre el Tribunal Constitucional tras sus recientes sentencias sobre el caso de los ERE y respaldar a la Audiencia de Sevilla que debe resolver esta semana si pide la intervención del Tribunal de Justicia de la UE. Para ello, siempre ha tenido una carta que había desechado emplear durante los últimos años y que en pleno choque judicial y político ha decidido poner sobre la mesa: la personación como parte perjudicada en la pieza política.

«Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el (Tribunal) Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse «, indicó ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno antes del Comité Ejecutivo del PP.

La Junta de Andalucía está personada en distintas piezas por el caso de los ERE pero dejó de estarlo en la pieza política en la que han estado investigados, entre otros, los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Por este motivo, no ha tenido capacidad alguna de respuesta ante las decisiones del Tribunal Constitucional, que revisó y anuló las sentencias de la Audiencia de Sevilla al considerar erróneo el criterio por el que se habían establecido condenas por malversación o prevarización vinculadas a la aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

«El objetivo es cumplir con la obligación que tiene la administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas», recalcó.

No obstante, las reclamaciones de cuantías supuestamente malversadas por el caso de los ERE se están decidiendo en cada una de las piezas en las que sí está la Junta personada.

Resolución de la Audiencia

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijada para este martes la tercera e inicialmente última de las tres jornadas para deliberar si plantea una cuestión prejudicial sobre el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En concreto, el tribunal ampliado conformado por la Sección Primera de la Audiencia para esta misión fijó días 24 y 29 de abril y este martes 13 de mayo, para celebrar dicha «deliberación», según figura en una providencia de dicha instancia judicial.

Previamente, el tribunal había habilitado un plazo para que las partes informasen sobre si en este caso, el Constitucional «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación» en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción» y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían «incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de ‘resolución’ y ‘asunto administrativo’ que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española».

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