Moreno lanza su ley de vivienda con el objetivo de elevar la oferta, bajar precios y enfrentarse al "intervencionismo" estatal

El Gobierno de Juanma Moreno ha fijado su primer gran hito para la recta final de la legislatura. El Consejo de Gobierno aprobará este martes el proyecto de ley de vivienda para que sea ratificado en el Parlamento andaluz antes de la finalización de la legislatura, como máximo en el mes de junio. El proyecto, que ha superado una amplia fase de participación, nace con el objetivo de plantear un modelo opuesto al del Ministerio. Es decir, si el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la intervención pública en los precios de alquiler, la ley andaluza se fija como objetivo dar seguridad jurídica al propietario y al promotor y, sobre todo, facilitar el incremento de las promociones públicas y privadas en Andalucía. Es la receta del Gobierno andaluz frente a la escalada de precios y a una "situación insostenible desde el punto de vista social y económico".

"Queremos generar más vivienda y a precios más asequibles. La ley fija las mejores condiciones para aumentar la oferta de vivienda con medidas como la definición de bolsas de suelo, la facilidad para cambios de usos de oficinas o turísticos para hacer más VPO, el fomento de planes municipales de vivienda y suelo que garanticen que el 25% sea para VPO, o la creación un portal de vivienda protegida en Andalucía para que el conjunto de los ciudadanos sepan cuáles son, donde están y qué condiciones tengan", detalló el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En el lanzamiento de su ley de vivienda, el presidente andaluz estuvo respaldado por empresarios, promotores, colegios profesionales y ayuntamientos (representados por la presidenta de la FAMP, María José García-Pelayo, y por el alcalde de Utrera, Curro Jiménez. Con todos ellos (y con la asociación juvenil Lideremos, también presente) Moreno compartió el diagnóstico de una comunidad que no tiene viviendas suficientes: "Tenemos un reto de la vivienda, para dar la posibilidad de un acceso a una vivienda digna, pero vamos tarde. Llevamos más de una década sin hacer las reformas. Se han ejecutado políticas que han agravado la situación. Tenemos que buscar soluciones que sean realistas, sensatas y basadas en la experiencia de estos últimos años. Esta ley pretende dar una respuesta seria y efectiva", afirmó el presidente andaluz quien trató de centrar su mensaje en la juventud andaluza, con más dificultades de acceso a una vivienda.

Ley descafeinada

Sin embargo, la ley de vivienda llega algo descafeinada a este último trámite parlamentario. En primer lugar, porque las medidas de mayor alcance ya están en vigor puesto que se adelantaron en el decreto urgente aprobado en marzo que facilitaba por ejemplo los cambios de uso de suelos para hacer VPO o que revisaba al alza los módulos que fijan los precios de la vivienda protegida en Andalucía.

En segundo lugar, porque durante la tramitación se han retirado elementos que al principio se consideraron como ejes fundamentales de la normativa. La ley llega asumiendo que no es un instrumento contra la ocupación ilegal de viviendas (ni se mencionó durante la presentación), sin incluir el concepto de inquiocupación y retirando uno de los pulsos con el Ejecutivo central en torno al blindaje de la VPO que finalmente no se quedará en 10 años como se planteó en el primer borrador.

Y, en tercer lugar, porque aunque ha habido participación de hasta medio centenar de entidades y colectivos, la realidad es que llega sin apenas consenso a la fase parlamentaria. En el ámbito político, sólo Vox está dispuesto a escuchar. En cuanto a los agentes sociales y económicos la presencia de UGT y CCOO ha sido testimonial en el acto ya que ambas centrales rechazan de plano la normativa.

"Compartimos la necesidad de avanzar en vivienda, pero esta ley nos resulta completamente insuficiente e incompleta. Hay que incrementar la oferta de vivienda pero a precios asequibles y priorizando la promoción pública", explica la secretaria de Movimientos Sociales de UGT-A, Maribel Román. Desde CCOO-A subrayaron que acudieron al acto convocado por la presidencia de la Junta por "lealtad" pero que el sindicato "rechaza de pleno el proyecto de ley".

Por último, en cuanto a los promotores y el sector empresarial, la sensación es que la normativa se ha quedado corta y no ha llegado a ser lo ambiciosa que podría. Así lo resumió el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado: "La ley necesita aún un impulso en el trámite parlamentario. En cuando a la materia prima se debe replicar lo que se ha hecho con los solares urbanizados en los suelos no urbanizados para que se puedan hacer más VPO sin restar vivienda libre ni modificar el planteamiento. Se debe conseguir la declaración de interés autonómico a proyectos residenciales con un gran volumen o que afecten a más de un municipio. Y se debe avanzar en la simplificación de trámites huyendo de los registros de vivienda protegida". Fadeco, en el inicio del debate, solicitó la declaración de emergencia habitacional como base de un plan de choque. La propuesta no ha sido aceptada.