Andalucía aprueba su modelo para ampliar el parque de viviendas y luchar contra "la ocupación ilegal y la inquiocupación"

El anteproyecto de ley de vivienda, uno de los grandes "proyectos legislativos" del Gobierno de Moreno superó ayer su primer envite en el Parlamento al rechazar las enmiendas a la totalidad formuladas por los grupos de PSOE, Vox, Por Andalucía e IU. El texto, que nace descafeinado porque sus medidas de mayor envergadura se adelantaron el pasado mes de marzo a través de un decreto tiene un doble objetivo: favorecer la construcción de más viviendas y generar instrumentos de limitado alcance (por las escasas competencias autonómicas) para "luchar contra la ocupación ilegal y la inquiocupación".

El planteamiento del Gobierno andaluz tiene como punto de partida que "existe un déficit de viviendas" en Andalucía que el Banco de España cifra en más de 90.000. Y que, por tanto, el objetivo debe ser generar nuevos proyectos residenciales sean de carácter protegido o de renta libre. Por eso, el decreto de medidas urgentes permitió las recalificaciones de suelos para hacer VPO y promovió la creación de una bolsa única de suelos disponibles que ha alcanzado las 40.000 viviendas a precios asequibles en Andalucía.

Para avanzar en esta línea, la ley apuesta por la "colaboración público-privada" con el "impulso de medidas de fomento de iniciativas privadas que tengan por objeto la construcción de vivienda asequible". "Con carácter general, se impulsarán medidas de fomento para todas las iniciativas privadas que tengan por objeto la construcción de vivienda asequible, rehabilitación de vivienda y mejora del medio urbano que coadyuven a facilitar el acceso a la vivienda asequible especialmente a los colectivos más desfavorecidos, y posibilitar el acceso a la primera vivienda", recoge la ley.

En segundo lugar, la ley pretende dar respuesta a la "inseguridad jurídica" y el "intervencionismo" que considera la Junta que caracteriza el marco legislativo estatal. Y por eso establece mecanismos para "luchar contra la ocupación ilegal y la inquiocupación" como el sistema de información y asesoramiento en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal o las unidades municipales de asesoramiento en materia de desahucios que dependen de los ayuntamientos.

Junto a esto, el proyecto de ley de vivienda que ha iniciado su tramitación parlamentaria recoge otras novedades como la supresión de la obligación de depositar las fianzas en la agencia AVRA o un mayor nivel de protección para las viviendas protegidas que tengan ayudas públicas (un aspecto que se ha reforzado durante la tramitación parlamentaria).

El Gobierno andaluz destaca que han participado medio centenar de agentes sociales y económicos durante toda la tramitación. Pese a esto, de momento, cuenta con el rechazo de todos los grupos de la oposición reflejado en sus enmiendas a la totalidad. "El diálogo está abierto porque queremos que el texto final que se aprueba sea una ley de todos", subrayó la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.

Enmiendas a la totalidad de la oposición

Frente al proyecto de ley se han posicionado los cuatro grupos de la oposición, que han presentado enmiendas de totalidad que han defendido ante el Pleno los diputados Verónica Pérez, del PSOE-A; Alejandro Hernández, de Vox; José Manuel Gómez, de Por Andalucía, y José Ignacio García, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La enmienda del Grupo Socialista parte de la premisa de que el proyecto de ley "no cumple con el mandato constitucional del artículo 47" de la Carta Magna, "no ofrece garantías jurídicas ni económicas, y no responde a la emergencia habitacional que vive" dicha comunidad autónoma, de forma que, "lejos de configurarse como una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda", el texto de dicha iniciativa legislativa del Gobierno del PP-A "se limita a reproducir declaraciones genéricas y enunciados programáticos, sin mecanismos jurídicos exigibles ni recursos económicos suficientes que aseguren su cumplimiento".

En su intervención, la parlamentaria Verónica Pérez ha criticado que la Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno es "ideológica" y no sólo "se coloca del lado de los especuladores", sino que "no soluciona absolutamente nada", de forma que sólo es "humo" y "una oportunidad fallida y perdida".

El grupo de Vox ha considerado en su enmienda de totalidad que el proyecto de ley del Gobierno del PP-A "muestra una orientación predominante contraria a los fines que debe perseguir una política de vivienda en el contexto" actual, en el que "la crisis de acceso a la vivienda es estructural" en Andalucía, y el texto "deja de contemplar la protección jurisdiccional de los derechos de los andaluces en materia de vivienda, convirtiéndolo de facto en un proyecto de ley vacío de compromiso", y con el que el Ejecutivo de Moreno apuesta "por una política de vivienda en la que la administración pierde peso tanto en la responsabilidad económica como en la planificación y fomento de viviendas asequibles".

Por su parte, el grupo Por Andalucía ha justificado su enmienda de totalidad a este proyecto de ley al entender que "no aporta soluciones a los graves problemas que en materia de vivienda sufre la mayoría social de Andalucía, crea problemas nuevos y multiplica los estragos de los existentes", de forma que es "una propuesta que perjudica a la mayoría y está pensada para los beneficios económicos de una opulenta minoría". Además, critica que no reconoce la vivienda "como un derecho subjetivo", además de que "omite regulación alguna relativa a las viviendas de uso turístico (VUT)".

Por último, el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha justificado su rechazo a esta ley al considerar que "promueve el 'pelotazo urbanístico'", y que, en su opinión, refleja que el PP-A está "fuera de la realidad", ya que "no se habla" en ella "de topar los alquileres" a familias que están "asfixiadas" económicamente, o porque "ignora las viviendas turísticas y el impacto que generan", algo que ha vinculado a que al Gobierno del PP-A "no le importa realmente el acceso a la vivienda", sino "el negocio que se va a hacer a costa de este proyecto" que es "ineficaz", según ha zanjado José Ignacio García.

En defensa de la ley se ha posicionado el PP-A de la mano, en este debate, de su parlamentario Antonio Saldaña, quien ha criticado que los grupos de la oposición se hayan puesto "de acuerdo para intentar derrumbar el edificio legislativo" que está "intentando construir" el Gobierno de Juanma Moreno sobre un asunto como el de la vivienda que es "el que más preocupa ahora mismo a los españoles", según ha subrayado.